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En 1977 se hacen las primeras elecciones generales. La Constitución se aprueba el 6 de diciembre de 1978, y en 1979 se celebran elecciones municipales libres, de donde surgen las primeras corporaciones provinciales del régimen constitucional(i).

La primera legislatura democrática de 1979 a 1983, fue de predominio ucedista, presidida por Diego Romero de ucd y se caracterizó por una intensa actividad política en la que resonaron los ecos de los sucesos nacionales - crisis de la ucd, llegada del psoe al Gobierno de la nación, etc. En 1979 se constituía una Diputación cargada de optimismo y entusiasmo, y un espíritu de entusiasmo y concordia presidió la Corporación provincial. Pero los cambios políticos en las instituciones centrales del país no dejaron de provocar fuertes sacudidas que, de un modo u otro, hicieron oscilar el ritmo normal de las instituciones locales.

La legislatura de 1979 a 1983 se desenvolvió bajo la presidencia de Diego Romero. Esta corporación experimentó acontecimientos políticos de nivel nacional: El golpe de Estado del 28-F de 1981, la disolución de la UCD en 1983 y la consolidación del Estado de las Autonomías. Fue este último el que mayor repercusión tuvo entre los diputados provinciales, puesto que ocasionó ácidos enfrentamientos entre los partidos. La cuestión de la autonomía andaluza marcharía al socaire de los vaivenes impuesto por la política autonómica nacional y enfrentaría a los grupos políticos representados en la Diputación cordobesa.

La Diputación continuó con aquellas cuestiones tradicionales para ella como el ciclo hidráulico, la asistencia a municipios y los servicios sociales. Y si a través de los planes provinciales de obras y servicios, las diputaciones franquistas establecieron una valiosa colaboración con los municipios en obras de infraestructura, equipamientos urbanos, caminos y carreteras provinciales, en las diputaciones de la transición no dejó de manifestarse la cooperación a los municipios como un objetivo provincial. El Plan de Obras y Servicios se convertía en el instrumento adecuado para asignar recursos a aquellos municipios carentes de equipos comunitarios básicos. Las obras que van a desarrollarse en los primeros años democráticos van a estar dirigidas a las reformas de las casas consistoriales de los municipios, acondicionamiento y mejora de caminos vecinales, desviaciones de las carreteras con rondas de circunvalación, colectores, ampliaciones de la red de agua potable, pavimentaciones de accesos, ampliación del alcantarillado y alumbrado, etc. En el Plan Provincial de Obras y Servicios de 1983 se habían aprobada 115 obras, 56 de las cuales eran del Plan de la comarca de Acción Especial de la Zona Norte con un importe de casi 305 millones de pesetas.

La extensión de la Seguridad Social a todos los españoles y la asunción plena de competencias en materia de sanitaria por parte del Estado y las Comunidades Autónomas, conlleva el abandono por parte de la Diputación de áreas en las que venía actuando desde su creación. La nueva diputación cordobesa, surgida en el régimen constitucional, mantendría el prestigio de que gozaba el Hospital General y mantendría los proyectos de convertirlo en clínico, dotándolos todavía de mejores servicios como sucedió en el hospital psiquiátrico. En el campo de la cultura la Corporación ucedista mantuvo las actividades tradicionales de las anteriores e inició otras nuevas. Congresos, conciertos, centro de Arte y Cultura, sala de exposiciones, catálogo monumental de la provincia, revistas y publicaciones.

En cuanto a potenciar el desarrollo de la provincia, la Diputación ucedista continuó las líneas iniciadas por la anterior de buscar inversores y dar gran apoyo a los servicios de promoción industrial. A partir de los ochenta, poner las tierras en regadío no era suficiente, el reto de la Comisión de Promoción y Desarrollo, según el Presidente Diego Romero, era promocionarlas para que se creasen industrias transformadoras que permitiesen que la riqueza creada se quedase en Andalucía, principalmente en Córdoba y no fuese objeto de transformación ni de apropiación fuera de la región. Se consideraba que el desarrollo industrial supondría para la provincia el consiguiente incremento de puestos de trabajo, por consiguiente fue aprobado por unanimidad. La Diputación recibirá solicitudes de subvención para creación de empresas a las que solicitará proyectos, y en algunos participará con la cesión de terrenos o con la compra de acciones. Se inició a finales de la década la colaboración con empresa públicas para el desarrollo, en concreto con sodian, Sociedad de Desarrollo Industrial de Andalucía. Pero los planes de desarrollo nunca tocaron el problema estructural de la propiedad agraria.

En los comienzos de la transición, el sentimiento autonomista, fuera de las denominadas nacionalidades históricas, era prácticamente inexistente más allá del círculo de una élite política o intelectual. Sin embargo, pronto se convirtió en una oleada que anegó el país y no hubo región o provincia que quisiera quedarse atrás en el proceso autonómico. Éste comenzó con la creación de los Entes preautonómicos, algo después de la aprobación de la Ley para la Reforma Política, el 15 de diciembre de 1977. Las diputaciones tuvieron un importante papel en la formación de los Entes preautonómicos y actuaron como elemento dinamizador del proceso autonómico, ya que quedaban integradas como organismos intermedios. Las diputaciones mantenían su personalidad jurídica, pero debían de actuar coordinadamente según las directrices del nuevo órgano de gobierno. Los Entes no tuvieron mucha eficacia administrativa, no obstante gozaron de gran valor político.

Previamente a la aprobación de la Constitución el 6 de diciembre de 1978, concretamente el 4 de diciembre de 1978, en Andalucía se firmó el llamado pacto autonómico de Antequera, que supuso el punto de partida de lo que llegaría a ser la autonomía de Andalucía. Esto motivaría que los ayuntamientos, inspirados entonces por todas las fuerzas políticas en esta primera fase y optaran por la vía del artículo 151 para el acceso de Andalucía a la autonomía. El proceso autonómico andaluz marchó al socaire de los vaivenes de los conflictos surgidos a la hora de la puesta en práctica de una política autonómica. Todas las cuestiones surgidas en el nivel nacional, tuvieron un amplio eco en los niveles provinciales, al menos así se constata en la Diputación de Córdoba en la que, dentro del nítido ambiente de consenso, los debates plenarios se radicalizaron con motivo del desarrollo autonómico andaluz.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Diego Romero expresó el significado que la autonomía andaluza tenía para las diputaciones andaluzas. En aquellos momentos de gestación del Estado de las Autonomías, todavía se veía el papel que debían de jugar las diputaciones como participación en el autogobierno, tanto a nivel de mera colaboración administrativa como de gestión y órgano decisorio en las materias que les fueran confiadas. El proceso de acceso de Andalucía al régimen autonómico enfrentó a las fuerzas políticas, de modo que en los debates de la Diputación de Córdoba se asiste a unos polémicas en las que se expresaron dos conceptos políticos del Estado, dos visiones de la Historia de España, y tras cada corriente historiográfica una España diferente y que, en aquellos momentos, parecía que tampoco iban a entenderse.

La voluntad autonomista de los andaluces quedó ratificada el 28 de febrero de 1980, y el 97% de las diputaciones andaluzas se decantaron por el artículo 151, el Gobierno accedió a que Andalucía accediera a la Autonomía por el artículo 151. En el Pleno de octubre de 1980 la Casa Palacio provincial acogía a la Asamblea de Parlamentarios Andaluces durante los días 28 de febrero y 1 de marzo de 1981, en la que se aprobó el anteproyecto de Estatuto de Autonomía Andaluza y que sería refrendado en presencia del presidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo el 5 de octubre de 1981.

i) Sobre la Diputación en la Transición véase Mª Carmen Martínez Hernández Política y Administración Provincial. La Diputación de Córdoba: 1925-1991… pp. 329-400. Mª Carmen Martínez Hernández, “La transición como proceso de ralentización de los cambios políticos en los niveles provinciales. La Diputación de Córdoba”, en La Transición a la Democracia en España. Historia y Fuentes Documentales: Actas de las VI Jornadas de Castilla La Mancha sobre Investigación en los Archivos: Guadalajara, 4-7 de noviembre de 2003, Guadalajara, 2004, 248 p. +1 cd rom