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La consolidación democrática y la extensión de derechos

El período que sigue a la primera Diputación ucedista, entre los años 1979 y 1983, son años de consolidación de la democracia en España como nunca antes se había producido. Como en otros ámbitos de representación, el PSOE se presenta como fuerza política protagonista de este período también en la Diputación de Córdoba.

Es el momento en el que el desarrollo del Estado de las Autonomías presenta un escenario de definición de competencias y de negociación de las mismas con la Junta de Andalucía, que van quedando definidas con el tiempo hasta conformar el marco competencial actual, donde la administración regional asume parte de las competencias que venían desarrollando las diputaciones y quedando éstas orientadas hacia la prestación de servicios técnicos de diverso orden en municipios, sobre todo en los de población menor de 20.000 habitantes, a través de la nueva legislación estatal sobre Régimen Local en 1985.

La Diputación de Córdoba centra su actividad en este período en la dotación de infraestructuras básicas y la implantación de servicios de asistencia técnica municipal. A través de los Planes y Programas de Obras y Servicios se desarrollan obras destinadas a la mejora del ciclo hidráulico, donde el abastecimiento en términos de igualdad se plantea como condición esencial, pero también para la adecuación de la red viaria local y la construcción de instalaciones deportivas y culturales. La provincia de Córdoba fue una de las primeras en España en implantar una tarifa provincial del agua que, superando localismos, fue capaz de proporcionar acceso íntegro al servicio domiciliario a través de un único precio, independientemente de su localización geográfica.

Mirados en la distancia, puede parecer sorprendente que los grandes esfuerzos competenciales y económicos de la Diputación se centrasen a aquellas alturas del siglo XX en cuestiones tan básicas como la electrificación rural, con grandes inversiones en la mejora del alumbrado público, la pavimentación urbana, la creación de una red comarcal de parques de protección civil o la ampliación de la cobertura de la señal de televisión y radio en la provincia. La Diputación también acomete en esta época un ambicioso plan de ordenación de la recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, dotando a los municipios de equipamiento y material para su recogida, sellando vertederos incontrolados y creando una red de plantas de tratamiento integral que le lleva a la actualidad a estar tratando de forma clasificada más de 150 millones de kilos de residuos.

Hasta 1984, la Diputación no cuenta con un departamento específico de servicios sociales. A partir de entonces, se estructura un sistema de profesionales que transforma el concepto de beneficiencia que se arrastraba aún desde el siglo pasado hasta un modelo de atención e integración de ciudadanos y colectivos, pasando por la asistencia en casos específicos como el de la Tercera Edad. Este colectivos, a través del programa de ayuda a domicilio o la construcción de infraestructuras específicas para el uso de este sector de la población o la concertación con entidades que ya venían prestando ese servicio de forma privada.