Logotipo del Archivo
Archivo

Exposición virtual · Detalle

La Diputación bajo el Directorio Militar del General Primo de Rivera [1924·1930]

El 13 de septiembre de 1923, el pronunciamiento del Capitán General de Cataluña Miguel Primo de Rivera ponía fin al régimen de la Restauración iniciando un sistema de gobierno bajo un Directorio Militar que finalizaba en 1930 con una transición al régimen constitucional, si bien no implicó el fin de la monarquía.

El período comprendido entre el golpe de Estado de Primo de Rivera y la proclamación de la II República, abarca la constitución de tres corporaciones provinciales en Córdoba: dos durante el mandato primorriverista y una del gobierno de transición. El 20 de enero de 1924 se constituía la corporación conforme al R. D. de 12 del mismo mes; el 1 de abril de 1925 surgían las diputaciones según el Estatuto provincial de 20 de marzo del mimo año, y el 25 de febrero de 1930 se formaron las diputaciones del Gobierno Berenguer. En los siete años y tres meses que dura este período, asistimos a unas diputaciones muy cambiantes en cuanto al personal político.

En abril de 1925 el presidente Fresneda, expuso la grave situación de la Beneficencia y, en especial, la de los dementes. Poco más de un año después, el diputado Soriano expresó el buen estado económico de la corporación, pues tras el pago de todas las atenciones y obligaciones de la Diputación, y de los haberes del personal, había en caja un saldo positivo. En su discurso de despedida el presidente Francisco Santolalla elogiaba la labor hecha en Beneficencia y el éxito de la recaudación. Para el presidente Castilla y Abril, en 1926, había que dedicar atención preferente a las comunicaciones. Su sucesor Rafael Cruz Conde continuará la labor de Castilla en los caminos, base del desarrollo económico, y en la Beneficencia, en la que se habían alcanzado importantes logros. En abril de 1930, el gobernador resumía sobre los objetivos prioritarios a cumplir que eran los caminos y la beneficencia, a los cuales el presidente Cañas Vallejo añadiría que la deuda provincial era otro de los graves problemas pendientes(i).

En la dictadura primorriverista se va a intentar la reforma institucional del sistema político español. El 12 de marzo de 1925 salía a la luz el Estatuto provincial, el cual daba a la provincia una nueva dimensión, que se pretendía despolitizada y puramente administrativa, lo que implicaba emanciparse de la tutela del gobernador civil, pero sus preceptos fueron inaplicables porque, de hecho, se convirtió a las diputaciones y ayuntamientos en apéndices del gobernador civil y del aparato del partido de la Unión Patriótica.

En la exposición del R. D. de 20 de marzo de 1925, parecía denotarse que el fin prioritario de las diputaciones era el de la gestión financiera, los ayuntamientos tenían que seguir siendo el primordial pilar económico de la provincia, para cuyo sostenimiento aportarían crecido contingente. En consecuencia, era obvia la necesidad de dar a sus mandatarios funciones tasadas y específicas, de fiscalización ante todo y de gestión financiera después. De este modo, el Pleno de la Diputación se reuniría para acuerdos y objetivos muy determinados y para la censura de cuentas y aprobación de los presupuestos. Los éxitos del Estatuto provincial parecieron presentarse pronto en Córdoba, en la que es necesario recordar la endémica situación crítica de la hacienda provincial, durante las dos décadas iniciales del Novecientos. Sin embargo, en julio de 1926, se informa del resultado de un presupuesto con superávit, ante lo cual el presidente manifestaba su satisfacción“porque se liquidaba el presupuesto con un sobrante de mas de doscientas mil pesetas, debía ser orgullo de todos, haciendo presente que la base de este feliz desarrollo y desenvolvimiento de la vida provincial era la amplitud de facultades concedida por el vigente Estatuto”.

Si en la Memoria provincial de 1924 se puso de relieve la denuncia que se hacia del mal estado de los acogidos en los establecimientos benéficos, pese a las reiteradas indicaciones de que es uno de los objetivos principales de la corporación, no fueron objeto de especial atención por los diputados. Esta se va a centrar en las cuestiones económicas y hacendísticas. Presupuestos, tasas y exacciones, deuda de los ayuntamientos a la Diputación, y enajenación del patrimonio. Las cuentas generales, sin aprobar desde 1897, eran las que más seriamente preocuparon a los diputados, y hubo un verdadero esfuerzo por poner al día estas cuentas. Ahora bien, lo que generó verdaderos debates fueron las transferencias y variaciones de los créditos ordinarios. Ahora se destacará que la reforma hacendística, propugnada por el Estatuto provincial, había supuesto la creación de un sistema de ingresos, en lugar del denigrado “contingente”, que regulaba las haciendas provinciales, sacando de la ruina a las diputaciones. También se eliminaron algunos servicios, se cedieron arbitrios y subvenciones del Estado y se crearon tasas provinciales.

La situación general del país en materia de infraestructura viaria, era bastante deficitaria a comienzos de los años veinte. Durante la dictadura primorriverista, el incremento de la construcción de carreteras y la electrificación rural, fue espectacular para la época. Fue entonces cuando se diseñaron los planes de carreteras provinciales, cuya realización pasó convertirse en una de las competencias más importantes de las diputaciones durante el siglo XX.

El servicio de caminos vecinales fue asignado a las diputaciones provinciales en el Estatuto provincial, y se completó con la promulgación del Reglamento de Vías y Obras provinciales de 15 de julio de 1925. A las diputaciones se le atribuyen competencias en materia de construcción y conservación de caminos, la construcción y explotación de ferrocarriles, la rectificación de ríos y la construcción de pantanos, en ellas hay tal mezcla de intereses provinciales y nacionales, que convierten a las diputaciones en auxiliares de la administración del Estado(ii). Al encomendar la construcción y conservación de caminos a las diputaciones, el Estado preveía subvencionar el servicio durante diez años, y las diputaciones debían elaborar un 'plan provincial de caminos vecinales' en el plazo de un año. En general el estado de los caminos en las provincias era malo, y la nueva normativa generó una incuestionable actividad de las diputaciones en materia de caminos vecinales. Las diputaciones cumplieron el mandato estatutario y elaboraron sus respectivos planes provinciales de caminos. Pero, en general, los planes no fueron acompañados de su inmediata ejecución ante la falta de consignaciones presupuestarias. Lo cierto es que la actuación de las diputaciones en materia de caminos provinciales, pese a las limitaciones, fue relevante para sus respectivas provincias, puesto que de un modo u otro tendía a favorecer el desarrollo socioeconónico de la provincia a través de la infraestructura viaria.

A comienzo de la década de los años veinte, las corporaciones locales habían llegado a un permanente endeudamiento, la penuria económica de la mayoría de las diputaciones impedía la ejecución de las obras públicas impuestas por el Estatuto. La dictadura primorriverista intentó diversos medios para solucionar la cuestión, entre los cuales arbitró el que regulaba la capacidad de endeudamiento de las diputaciones, de modo que pudiese recurrir al crédito para acometer obras de infraestructura y servicios. El Comité Ejecutivo de las diputaciones constituyó una Mancomunidad encargada de gestionar la contratación de un préstamo, para realizar obras que la aportación estatal no permitiría realizar en un corto plazo. Al objeto de facilitar la autonomía se crea el Banco de Crédito Local, que concediese los créditos necesarios a los municipios y a las provincias. La Mancomunidad de diputaciones y el Banco de Crédito Local de España firmaron un convenio para atender los fines de un empréstito con destino a la construcción de caminos vecinales, aprobado por Real Decreto Ley de 25 de julio de 1928.

La Diputación de Córdoba, desde el traspaso de competencias sobre los caminos provinciales en la dictadura primorriverista, intentará desarrollar fundamentalmente una labor de gestión en infraestructura viaria provincial que facilitase el acceso a todos los núcleos de población, comenzando por los municipios y terminando por las aldeas y núcleos de población, a la vez que pretende contribuir al desarrollo provincial dando salida a los productos agrarios en las zonas más ricas(iii). La Diputación de Córdoba aprobó la adhesión al empréstito de 1928 y se encargó la formación de un presupuesto extraordinario para llevar a cabo la citada operación. A partir de la fecha la actividad de la Diputación en materia de caminos vecinales y carreteras provinciales será permanente, con mayor o menor actividad según la situación hacendística. Esto se traduce en la abundancia de expedientes sobre los caminos, que si bien ya había algunos de etapas precedentes, a partir de 1928 continúa sin interrupción hasta 1936, incluidos los planes de conservación y reparación de los caminos vecinales de 1930 hasta 1938.

La construcción del embalse del Guadalmellato se inicia por RD del ministerio de Obras Públicas de13 de noviembre de 1908, si bien su construcción se realiza entre 1911 y 1928.

La nueva normativa emanada de los estatutos municipal y provincial fija el riguroso control de las diputaciones sobre los presupuestos municipales de los municipios de la provincia, tarea que se desarrollo ininterrumpidamente entre 1923 y 1939 como muestra toda la serie de presupuestos municipales, tanto ordinarios como extraordinarios, junto con las exacciones relacionadas con las ordenanzas fiscales que se conservan en el archivo y que permiten un estudio sistemático y completo de la vida municipal desde la dictadura primorriverista al final de la guerra civil(iv).

Las diputaciones continuaban con sus competencias en materia de fomento de la cultura y la educación. La Diputación de Córdoba desarrolló su mecenazgo cultural y artístico en la provincia mediante la concesión de becas para estudiar artes fuera de la misma, tanto en Madrid, Sevilla y Barcelona como en el extranjero. De 1923 a 1932 los expedientes de becas y pensiones de la Diputación de Córdoba aparecen concediendo ayudas para estudiar Avicultura, Bachillerato, Ciencias, Filosofía y Letras, Magisterio, Música, Escultura y Pintura y Escultura, y Pintura en el extranjero. De esta época es la dotación de becas de pintura para los artistas Rafael Botí, Ángel López Obrero y Castiñeira, Fernando Quero y Quero, Pedro Bueno….cuyas obras constituyen parte del patrimonio provincial. También se concedieron becas de música para estudiar en el conservatorio de Córdoba o en el Madrid. Pero la necesidad de una formación más técnica y la conveniencia de formación profesional a las clases trabajadoras se constata en los años veinte, especialmente en la legislación primorriverista, dado que el Estatuto de 1925 compromete a las diputaciones a sostener establecimientos de enseñanza técnica, agrícola o industrial y a becar a estudiantes; el personal docente era competencia del Estado.

También se habla en estas fechas de un Museo Andaluz de Mineralogía (1927). Pero, tal vez, lo más significativo es la aparición de la enseñanza técnica y profesional. En 1924 los documentos traducen las obligaciones impuestas a la Diputación por el Estatuto de Enseñanza Industrial y su Reglamento de Aplicación. Unos años más tarde, en 1927, están los expedientes, presupuestos y oficios relativos a la Escuela Industrial de Córdoba; en 1928 tenemos el Patronato Local de Formación Técnico Industrial de Peñarroya-Pueblo Nuevo y el de Córdoba capital, cuya documentación continúa hasta la década de los años cuarenta.

El 13 de febrero de 1925 se iniciaba la instalación de los talleres de la imprenta en unos locales del exconvento de la Merced, por esas fecha sede de la Casa-Socorro Hospicio, cercanos a la iglesia. Un mes más tarde se procedía a la inauguración oficial, el 14 de marzo, al que asistieron las autoridades locales y provinciales.

La creación de la imprenta respondía al interés de la Diputación, a través de su presidente el general Miguel Fresneda Menjíbar y del vicepresidente de la Comisión Provincial Francisco Santolalla Natera, en el objetivo de formar a los niños acogidos en el Hospicio, para que pudiesen tener un oficio al llegar a la edad en que tenían que salir del Hospicio. La prensa de la época, concretamente el Diario La Voz, en varios artículos del mes se marzo de 1925, hizo un elogioso eco de la iniciativa de la Diputación Provincial de “dotar un taller tan útil y provechoso a la casa Hospicio para enseñanza de sus jóvenes asilados”. En esta iniciativa podría verse una de las más inmediatas acciones derivadas de las nuevas ideas sobre la necesidad de una formación más técnica y la conveniencia de formación profesional a las clases trabajadoras, consecuencia del Estatuto Provincial de 1925.

La puesta en marcha del taller de la imprenta corrió de mano de Antonio de Julián Navarro, que fue nombrado Regente de la Imprenta Provincial el 26 de junio de aquel mismo año, en 1955 al título de regente de la imprenta se le confió el cargo de administrador de la misma, falleció en 1967. Había comenzado enseñando las artes gráficas a un grupo de 6 niños acogidos del Hospicio, a lo largo de su dilatada tarea en la imprenta, de más de 42, años formaría a más de 300 alumnos acogidos en el Hospicio

A la Diputación Provincial le competía la edición del BOP, que a partir de la creación de la Imprenta será impreso en la misma, aportando una ostensible calidad a la impresión. En 1928 editaba la Memoria de la Casa de Maternidad, y en 1930 una memoria de todas las Casas de Beneficencia, en ese mismo año salía el primer Censo Electoral impreso en los talleres de la Casa Hospicio, labor que desempeñó hasta 1955 en que se imprime el último censo electoral. Otra publicación de larga duración fue la del Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Córdoba que se inicia en la imprenta provincial en 1939.

La sede de la Diputación provincial seguía en el edificio del viejo convento de San Pablo, entre la calle del Ayuntamiento y la de Carreteros, y se hicieron obras de reparación y reforma de la escalera y del salón de plenos

La Exposición Iberoamericana de 1929 en Sevilla, fue uno de los eventos más significativos de la época y también de los más problemáticos. La aportación de la Diputación de Córdoba fue notable obteniendo un premio por su colaboración. La Diputación de Córdoba aporto una variada colección de objetos decorativos de cuyos diseños han quedado testimonios, y en los que se constata las nuevas tendencias artísticas. El arte nuevo, o “Art Deco”, del novecientos impregna la decoración de la época hasta en los detalles de la vida comercial, ejemplo de los membretes de las facturas que se conservan de esta exposición.

i) Sobre la Diputación primorriverista véase Mª Carmen Martínez Hernández, Política y Administración Provincial. La Diputación de Córdoba: 1925-1991… pp. 61-112.

ii) José Antonio González Casanova, Las Diputaciones Provinciales en España. Historia política de las Diputaciones desde 1812 hasta 1985, Madrid, 1986, p. 126.

iii) Mª C Martínez Hernández, "Aportación de la Diputación a las infraestructuras y servicios Municipales de la provincia de Córdoba: 1925-1986”, en VI Congreso de la Asociación de Historia Económica (Gerona, 1997), Sesión VII: "Infraestructuras y Servicios Públicos urbanos en las edades moderna y Contemporánea “, pp. 46-73.

iv) Sobre los presupuestos como fuente para la historia municipal véase Tiago da Silva Cesar, “Los presupuestos carcelarios como fuente para la historia de las instituciones punitivas de la provincia de Córdoba (1923-1945), en el Archivo de la Diputación de Córdoba”, en Arcontes. Cuaderno del Archivo de la Diputación de Córdoba, 3 (2010), pp. 119-148.