El régimen constitucional subsiguiente al pronunciamiento de Riego en 1820, restaura la organización del régimen local siguiendo las orientaciones de 1812, profundizando en la Instrucción de 1813ⁱⁱ. La Ley para el gobierno económico-político de las provincias de 3 de febrero de 1823, es considerada ya como una verdadera ley de régimen local, y con una concepción de las diputaciones más definida que la de 1813. El conjunto de competencias asignadas a las corporaciones provinciales, desde su creación, pueden agruparse en torno a las siguientes cuestiones: a) La formación y suspensión de ayuntamientos. b) Los repartimientos de contribuciones, y subsiguientes derramas, junto con el número de hombres de los reemplazos. c) Secretaría y personal. d) Contabilidad municipal. e) Establecimientos provinciales. f) Vías obras y urbanismo. g) Presupuestos provinciales. h) Patrimonioⁱⁱⁱ.

i SZ Juan Sisinio Pérez Garzón y María Zozaya Montes. “Diputación Provincial” en Diccionario Espasa de Historia de España y América, dirigida por Jaime Alvar Ezquerra, Madrid 2002, p. 411.

ii Cf. A. Posadas. Evolución legislativa del Régimen Local en España, 1812-1909; Madrid; 1982, p. 116

iii Mª. C. Martínez Hernández. “Funciones, competencia y producción documental en las diputaciones. Aproximación a la identificación de las series de Órganos de Gobierno”. … 18-20. Sobre la provincia de Córdoba en esta época véase J. M. Ventura Rojas, La provincia de Córdoba: de la Guerra de la Independencia al Reinado de Isabel II (1808-1833). Director, José Manuel Cuenca Toribio. Córdoba: Universidad de Córdoba, Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América, [2007]

Las provincias, a su vez, se subdividieron en partidos y ayuntamientos. Uno de los principales problemas que se le presentan a las diputaciones será determinar los ayuntamientos que existirán en la provincia, pues según la Constitución de 1812 toda población con más de mil almas podían crear un ayuntamiento. A la Diputación le competía intervenir en la cuestión de los deslindes de términos municipales e intervino en los de Peñaflor, Espiel, Villaviciosa y Villanueva del Rey. Así como en el repartimiento de tierras de propios y comunales de los municipios. De estas fechas son los del Monte Horquera (Baena), Dehesa de la Jara (Siete Villas de los Pedroches), Zuheros, La Valenzuela, Villanueva del Rey, Obejo, Pozoblanco, Belmez, Zamoranos, Puente Genil. Algunos de los cuales van a ser origen de futuros municipios, como Nueva Carteya. En la provincia de Córdoba hubo varias poblaciones que solicitaron la independencia de algunos municipios para crear un ayuntamiento propio, como Doña Mencía respecto de Baena; la solicitud de Zamoranos, aldea de Priego, para que se le separe de la jurisdicción de Fuentetojar y se cree un ayuntamiento propio. Tanto Almedinilla como Jauja fueron poblaciones que crearon nuevos ayuntamientos al independizarse de la jurisdicción de Priego y Lucena. Los municipios fronterizos de provincias pedirán la delimitación de sus términos, será el caso de la población de La Luisiana, que se debate entre Córdoba y Sevilla^iv.

iv Martínez Hernández, Mª Carmen, Molina Aguilera, Nuria. “Las diputaciones y la implantación del sistema liberal. La Diputación de Córdoba durante el Trienio liberal 1820-1823”… 63-78.

El diseño doceañista establece que a la Diputación provincial compete el repartimiento hecho a los pueblos de las contribuciones que hubieran cabido a la provincia. Al igual que en la primera andadura de la Diputación de Córdoba, durante 1813-1814, los ayuntamientos de la provincia protestaron por la cuantía del repartimiento durante el trienio 1820-1823 y los agravios ante la subida de impuestos. El impago de los mismos, las peticiones de perdón a la hora de abonar un pago, o los aspectos relacionados con la existencia de errores en la contabilidad, fueron cuestiones a las que tuvo que hacer frente la Diputación. Junto a estos agravios aparecen también las quejas sobre la elaboración de un reparto de tierras que no se consideraba justo^v

v Martínez Hernández, Mª Carmen, Molina Aguilera, Nuria. “Las diputaciones y la implantación del sistema liberal…” 63-78.

En los años del Trienio se plantea, una vez más, la venta y reparto de tierras de dehesas, baldías, realengos, o propios, etc.; la venta de tierras para obtener recursos para las obras públicas, y las muy numerosas actividades de reparto de tierras a los militares. El conflicto por la tierra no deja de alcanzar a las casas nobiliarias que reclaman de la Diputación solución de los agravios que sufren, caso de la casa de Medinaceli y el Marquesado de Priego respecto al Duque de Altamira y el afán de expansión de algunos pueblos a costa de otros, caso de Puente de Don Gonzalo que quiere ocupar la villa de Miragenil en 1821. El reparto de una dehesa entre varias villas será otro de los temas más frecuentemente discutidos, como sucede entre los ayuntamientos de Puente de Don Gonzalo, Montilla, Aguilar, Montalbán y Monturque que tenían en común la Dehesa del Encinar. Un reparto conflictivo fue el del Monte Horquera, ubicado de Baena^vi que generó una sublevación por parte de los habitantes que vivían en el Monte.

vi ADCO, Libro de Actas, 21 de noviembre de 1821.

El fomento de la economía va a conducir a las diputaciones a acometer la realización de obras públicas destinada a la mejora de las comunicaciones. En Córdoba se plantea la construcción de un canal de riego y navegación desde Córdoba hasta Santillana (Sevilla) por medio de los ríos Guadiato y Bembézar. Y, sobre todo, vemos el traspaso de edificios procedentes de la desamortización para su uso como el arrendamiento del edificio de san Felipe Neri para oficinas de la Diputación. También aparece, reiteradamente, los gastos que ocasiona el murallón de la Rivera. Los ayuntamientos de la provincia de Córdoba piden reconstrucción de puentes, como el de Baena, reparación y construcción de caminos, tan necesarios en las comunicaciones y el comercio. También la rehabilitación de las fuentes públicas, caso de Montilla, o la construcción de torres para relojes, como en Rute. Construcción de cárceles en Baena y Cabra, construcción de cementerio en Benamejí. En general se pidieron accesos a las villas, arbolado, planos topográficos de los pueblos, construcción de fuentes y reparación de cañerías^vii.

vii Martínez Hernández, Mª Carmen, Molina Aguilera, Nuria. “Las diputaciones y la implantación del sistema liberal…” 63-78.

El Trienio hereda del Antiguo Régimen el debate que busca reorganizar la beneficencia planteado en el siglo XVIII, si bien la cuestión no se resolverá hasta bien entrado el siglo XIX. Durante el Trienio Liberal se elabora una nueva legislación sobre Beneficencia. Se crearon la Junta de Misericordia y la Junta Provincial de Beneficencia, y se realizaron recuentos de establecimientos benéficos en Córdoba y provincia. La Ley de beneficencia de 6 de febrero de 1822 fue la primera ley general que reglamentó la beneficencia encargando de ello a los ayuntamientos, juntas municipales y juntas parroquiales^viii. Entre las novedades legislativas del Trienio se encuentra la creación de cementerios fuera de las poblaciones. La Diputación de Córdoba inicia los cementerios de Fuente Obejuna y Benamejí

En cuanto a la educación, desde las diputaciones se asiste a la atención prestada por los municipios a las escuelas de primeras letras, obviamente aquellos que podían sostener el pago al maestro, facilitar el local, los muebles y el material didáctico. También es reiteradamente planteado el pago a estos maestros de primeras letras, o un caso muy concreto con el de la creación de un plan de educación pública que plantea el Ayuntamiento de Lucena. Aparece una curiosapropuesta hecha por loas Siete Villas de los Pedroches para crear en Córdoba una universidad dotada de las rentas que disfrutan los colegios de San Pelagio, de la Asunción y San Pablo, y los productos de un vínculo de Belalcázar^ix.

viii Martínez Hernández Mª. Carmen. “Fondos de Beneficencia, Sanidad y Obras Sociales del Archivo de la Diputación de Córdoba”. En Actas de la III Jornadas de Gestión del Patrimonio Documental. Archivos de la administración provincial.: Diputaciones, Gobiernos Civiles, Delegaciones, Audiencias, Histórico-provinciales Córdoba, 2003, p. 414.

ix Martínez Hernández, Mª Carmen, Molina Aguilera, Nuria. “Las diputaciones y la implantación del sistema liberal…” 63-78.

Las diputaciones eran las responsables de mantener las tropas residentes en su provincia, pero desde su comienzo la institución provincial careció de los recursos suficientes para costear el rancho^x. Los bagajes, las cargas de mantenimiento de los destacamentos militares o los regimientos de milicias, sufrieron los mismos problemas que los demás tipos de cargas, la carencia permanente de numerario, y en las diputaciones fueron creciendo las reclamaciones de los ayuntamientos, conforme avanzó el Trienio ante el esquilme que suponía para los municipios la presencia de los regimientos. Pero, además, a las diputaciones se le asignaron competencias de ámbito militar como fueron la creación de la Milicia Nacional y el reclutamiento por quintas. Y, ante el surgimiento de problemas concretos como fue el bandolerismo en unos sitios y las partidas realistas en otros, las diputaciones adquirieron competencias no previstas en el comienzo.

La implantación de la Milicia Nacional, que se pone por primera vez en marcha en 1820, fue una de las nuevas tareas abordadas por las diputaciones provinciales, Armar a los ciudadanos era una de condiciones de la revolución liberal burguesa para transformar el Estado. No obstante, la falta de recursos gravará este objetivo. La formación de la Milicia Nacional adquiere para la Diputación de Córdoba tal cariz que va a ocupar el cincuenta por cien de los temas tratados en los plenos del Trienio. Las poblaciones van a reclamar poder librarse del sorteo realizado para formar parte de la milicia. Otra de las cuestiones candentes fue la financiación de la milicia -peticiones de armamento, sanidad y abastecimiento-, y entre los diversos modos a los que se va recurrir para la financiación se encuentran la venta de tierras, o la petición de licencias para entregar encinas a subasta de madera. En este caso la Diputación controla el número de pies cortados, la cantidad producida, la división del total entre los municipios cabeza de partido, y la cantidad total que es cedida a la milicia.

Con el reclutamiento de quintos las diputaciones se encontraron, desde el primer momento, al igual que para el reparto de contribuciones, con la ausencia de datos estadísticos propios más allá de los registros parroquiales, para proceder al reclutamiento de los mozos para el reemplazo correspondiente. Las actas del pleno de la Diputación de Córdoba presentan, prácticamente en cada sesión, como mínimo una petición o queja sobre el sistema usado para el reclutamiento. Las excusas más comunes fueron las reclamaciones por enfermedad. Las exenciones de reclutamiento, en las que se basaban muchas reclamaciones, eran situación de orfandad o de hijo único. También eran exentos de pertenecer a la milicia los hijos de militares patrióticos o el tener a un padre o hermano ya sirviendo en ciertos regimientos. El sistema de reclutamiento generaba abundantes prófugos. Estas reclamaciones llenan los asuntos a tratar por la Diputación de Córdoba.

x Martínez Hernández, Mª Carmen, Molina Aguilera, Nuria. “Las diputaciones y la implantación del sistema liberal…” 63-78

Desde que se produce el levantamiento del Almirante Topete existió una dualidad de poderes, por un lado las juntas revolucionarias, que se organizaron espontáneamente a iniciativa de progresistas y demócratas, por otro lado el Gobierno provisional, organizado por el General Serrano a petición de la Junta de Madrid, cuya finalidad principal era proporcionar a la Revolución una legitimidad legal. El régimen demo-liberal siguió adelante llegando a proclamar una Constitución en febrero de 1869 que reconocía unos derechos individuales más extensos que en la Constitución de 1845 y un sistema político más representativo. La Constitución de 1869 basada en el principio de soberanía nacional y en el sufragio universal masculino, concentró el poder ejecutivo en manos de la Corona y conservó la estructura centralista de administración estatal. La promulgación de la Constitución se convirtió en un acto solemne al que se invitó a los diferentes ayuntamientos.

Durante la Regencia de Serrano, de junio de 1869 a diciembre de 1870, se desarrolla todo el contenido constitucional además de una serie de reformas administrativas. Pero la situación del gobierno es muy complicada debido a la existencia de la guerra colonial en Cuba y a la guerra contra los carlistas. Es un periodo corto en el que asistimos a intentos de golpe militar por parte de los republicanos y al estallido de la conflictividad social tanto en el campo como en las zonas industrializadas. Finalmente se optó por un sistema de gobierno monárquico y democrático, Amadeo de Saboya fue elegido rey de España, manteniendo la corona desde enero de 1871 hasta que abdicó ante las Cortes en febrero de 1873. En esta etapa se puso de manifiesto la debilidad del nuevo régimen ante problemas ya tradicionales, ya de nuevo surgimiento, como la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre los distintos partidos tras el asesinato de Prim en diciembre de 1870, la oposición de las élites tradicionales al nuevo gobierno, el reforzamiento del carlismo, la revitalización del republicanismo y la cuestión de la esclavitud en las colonias de Cuba y Puerto Ricoiii. Ante el vacío de poder que deja la abdicación de Amadeo I, se instaura la República, pero tendrá una vida efímera, pues apenas duró once meses, desde el 11 de febrero de 1873 hasta diciembre de 1874. El gobierno republicano defendía una ideología federal y quería iniciar unos proyectos reformistas, laicos y anti-centralistas. Sin embargo, no logró uno de sus objetivos fundamentales, satisfacer a los agricultores y a las clases medias.

i Véase el trabajo de Espino Jiménez, Francisco Miguel. Administración Territorial y Centralismo en la España Liberal… p.

ii Cf. Mª Carmen Martínez Hernández y Mª Carmen de Bernardo Martínez, “Fuentes para el estudio de Sexenio revolucionario (1868-1874) en la provincia de Córdoba en el Archivo de la Diputación de Córdoba, en Arcontes. Cuaderno del Archivo de la Diputación de Córdoba, 3 (2010), 121-148.

iii J. A. Bahamonde, y A.Martínez, Historia de España. Siglo XIX, Madrid, 1994.

Durante el Sexenio se mantiene la división del país en provincias administradas por diputaciones sometidas a los delegados del gobierno de la nación, y regidas por los principios programáticos liberales de los que derivan funciones como la educación, el orden público, la infraestructura y las finanzas hacia la administración local y provincial, cuyas competencias estaban reguladas por las leyes provinciales. Durante la Revolución de Septiembre de 1868 se organizan juntas provinciales, de carácter provisional, con el fin de “que administre la localidad, que organice, de acuerdo con las Juntas del distrito, la provincia”^iv. En las ciudades se formaron Juntas revolucionarias para asumir el poder, que armaron a los “Voluntarios de la libertad” y exigieron la implantación del sufragio universal y la abolición del sistema de quintas y de consumos^v. Las juntas revolucionarias en los municipios hablarían del “gloriosos pronunciamientos”, no obstante los actos vandálicos y de alteración del orden son denunciados públicamente.

La septembrina, como también se denominó al movimiento revolucionario prensentó un acentuado tinte anticlerical que no deja de tener huella en la administración local. La Diputación y el Gobierno Civil tenían su sede en el antiguo y desamortizado convento de San Pablo, si bien el edificio de culto había sido devuelto a la Iglesia, en este contexto se va a reivindicar un huerto que debía pasar a los organismos provinciales. El solar quedaría desatendido y en 1884 se hizo un proyecto de ajardinamiento

En el Sexenio, en líneas generales, se mantienen las competencias que se asignaron a las diputaciones en la Instrucción de 1813. La entrada en vigor de la Ley Orgánica provincial de 1868 introdujo algunas novedades como la exención de las diputaciones del control gubernativo, con lo que la diputación pasó a configurarse como un cuerpo de funcionamiento permanente con competencias exclusivas que abarcaban todo lo concerniente a la ‘Administración civil y económica, propio y exclusivo de la propia provincia’^vi. Esta ley Orgánica Provincial de 1868 continúa con muchas de las competencias ya señaladas en la legislación precedente, pero también añade algunas nuevas. La Diputación continúa con competencias que ya se habían atribuido a las diputaciones provinciales desde su creación en 1813. Como novedades en el ámbito municipal se le otorga la intervención en las elecciones municipales; las obras y caminos que afecten a varios pueblos y al ferrocarril, las obras de urbanismo, la creación de nuevas poblaciones o el ensanche de otras, así como la construcción de cementerios y la distribución de aguas públicas^vii. El nombramiento de árbitros a solicitud de los ayuntamientos; autorizar las transacciones ventajosas para el municipio; las reclamaciones de pagos de créditos contra el común de los pueblos y remitir los recurrentes a los tribunales.

La Constitución de 1869 introdujo cambios que permanecerían durante décadas, y la Ley Provincial 1870 introduce la distinción entre autoridades administrativas de la provincia y los servicios administrativos, añadiendo que la Diputación tendría unas dependencias que serían: la Secretaría, la Contaduría y la Depositaría. Se crea la Comisión provincial, órgano permanente de cada diputación y rector de la provincia, presidida por el gobernador civil y compuesta por tantos diputados como distritos electorales había en la provincia. Esta Ley sería modificada con la Constitución de 1876 y la Ley provincial de 1877.

El 13 de octubre de 1868 fue suprimida la institución del Consejo provincial, pero sus atribuciones de cuerpo consultivo fueron ejercidas por la Comisión provincial. Esta ya no era un instrumento de tramitación de expedientes como había sido el Consejo provincial, sino un órgano de representación permanente de la provincia^viii con competencias sobre los asuntos de la propia Diputación, y como privativo de ella le correspondía la resolución de todas las incidencias de quintas, la revisión de acuerdos de ayuntamientos, y la resolución de las reclamaciones y protestas de las elecciones de concejales. Desde 1876 las atribuciones de la Comisión provincial fueron disminuidas.

En lo político las diputaciones de esta época siguen funcionando como nivel intermedio en la gestión del Estado. Sus funciones principales fueron la beneficencia y la instrucción pública, y continuaron con las competencias en materia de los repartimientos de tierras de propios y comunales de los municipios. En la provincia de Córdoba se establecieron deslindes de los términos municipales de El Carpio, Posadas, Fuente la Lancha, Valsequillo, Guadalcázar, Villaralto, Hornachuelos, Fuente Tójar, y la Junta Revolucionaria aprobó el reparto de tierras de la Dehesa del Concejo entre los vecinos de Fuenteovejuna.

iv Proclama dada por el general Prim después de revisar las tropas de Cádiz el 19 de septiembre de 1868.

v Carlos Gil Andrés y Juan Sisinio Pérez Garzón y María Zozaya Montes. “Diputación Provincia” en Diccionario Espas de Historia de España y América… p. 971

vi Enrique Orduña Rebollo, Municipios y provincias. Historia de la Organización Territorial Española. Madrid, 2003, p. 471.

vii Hay un intento de canalización del Guadalquivir. Verónica Ortega Jurado, “Canalización y navegabilidad del Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla a través de un estudio de Rafael Navarro de 1872”, en Arcontes. Cuaderno del Archivo de la Diputación de Córdoba,

3 (2010), 5-30.

viii M. Santana Molina, La diputación provincial en la España decimonónica … p.208-209.

A lo largo del XIX se había desarrollado en España la legislación sanitaria atribuyendo a las diputaciones la función supervisora de los hospitales. A partir del Decreto de 17 de diciembre de 1868 se atribuye a las diputaciones las funciones directivas y administrativas que, desde 1822, venían desempeñando las juntas municipales y provinciales de beneficencia. De este modo, las diputaciones pasaron a gobernar y administrar unas entidades benéficas cuyos bienes y rentas se remontaban a la baja Edad Media y eran de origen particular. Desde 1869 se encarga a la Sección especial de Patronatos, a los gobernadores y a los administradores provinciales una investigación general sobre los bienes del ramo. La Ley Provincial de 1870 declara de exclusiva competencia de la diputación la gestión, el gobierno y la dirección de los intereses particulares de la provincia, en concreto lo que se refiera a los establecimientos de Beneficencia o instrucción y administración de sus fondos.

De este modo, las diputaciones, junto al gobierno y administración de las entidades benéficas, heredaron también sus fondos documentales, sus inmuebles y el ajuar mobiliario. Los edificios heredados se irían adaptando a las nuevas necesidades provinciales relacionadas con la Diputación. El edifico del convento de san Pedro Alcántara pasaría a ser hospital de dementes y luego de Crónicos. La Beneficencia siguió con los establecimientos de la Casa de Expósitos, el Hospital de Agudos, el hospital de Dementes, el Hospicio

La asistencia benéfica y sanitaria atendía fundamentalmente a un sector social empobrecido, diversificándose por funciones y edades. Así, la Casa de Maternidad y Expósitos acogía a las mujeres que iban a dar a luz y los niños expósitos; al Hospicio pasaban los niños expósitos mayores de siete años y además recogía a hombres y mujeres indigentes, también era conocido como Casa Socorro y Hospicio. El Hospital de Agudos, anteriormente llamado de la Caridad, ejercía las funciones de asistencia sanitaria para todo tipo de edades, y se incluían la asistencia a militares y un pabellón para dementes. El Hospital de Crónicos o de la Misericordia acogía a enfermos pobres ya en avanzada edad.

Los negociados de beneficencia de la diputación fueron creados al suprimirse las juntas provinciales de beneficencia y ser cesados sus empleados, las diputaciones quedaron autorizadas a nombrar los empleados que necesitase para administrar los establecimientos benéficos, según el Decreto de 17 de diciembre de 1868. El cambio administrativo no estuvo exento de ciertas dificultades, como se constata en algunos informes y el estado de la propia documentación. Las dependencias provinciales van a heredar un considerable volumen de documentación procedente de las juntas municipal y provincial de beneficencia. La compleja administración benéfica implicaba tanto los expedientes administrativos, como libros de registro de entrada y salida y de cogidos, libros de presupuestos y de contabilidad, rendición de cuentas, informes, correspondencia, inventarios de muebles y objetos, etc., que se constituyen en una valiosa fuente para el estudio de la asistencia benéfica.

Las diputaciones reflejan los cambios sociales a la vez que las demandas que esos cambios implican. En materia educativa y cultural es posible constatar cómo la creación de centros docentes responde al deseo de la burguesía de formar a sus hijos, conforme aquella se va adueñando del poder político, y de ilustrarse a través de la creación de instituciones académicas como bibliotecas y museos^ix.

La instrucción pública fue asignada a las diputaciones desde sus orígenes, aunque sólo en lo concerniente al sostenimiento de los edificios y del personal docente, además de crear pensiones y becas para estudiantes. La administración provincial generó una serie de documentos que se constituyen en fuentes para el estudio de las instituciones docentes y culturales de la provincia en las diferentes etapas históricas. Podemos señalar fundamentalmente los expedientes de obras en la sección de Arquitectura, los expedientes de becas, las memorias, reglamentos y correspondencia de los diversos centros con la Diputación en la sección de Educación y Cultura, y los presupuestos especiales y libros de contabilidad relativos a esos centros, en la sección de Hacienda y Economía

Siguiendo la Ley de 9 de diciembre de 1868, las diputaciones deben sostener la Escuelas Normales de Magisterio, los Institutos, las Escuelas de Bellas Artes y los Conservatorios de Música. En consecuencia, los expedientes de creación y sostenimiento de centros docentes del Sexenio son los relativos al Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, concernientes a la ampliación y obras de 1868-1869^x, y a la Escuela Provincial de Bellas Artes: traslado de edificios, memorias, correspondencia sobre nombramientos de personal docente, etc. En 1870 se crea la Universidad Libre de Córdoba, de corta duración que se ubicó en el edificio del antiguo Colegio de la Asunción convertido en Instituto Provincial^xi.

El Decreto de 17 de diciembre de 1868 también ordenaba que los fondos, documentos y efectos de las Juntas, y las instituciones benéficas que administraban, pasasen a las corporaciones provinciales. De este modo, las diputaciones, junto al gobierno y administración de las entidades benéficas, heredaron también sus fondos documentales, sus inmuebles y el ajuar mobiliario, algunos de un considerable valor artístico y económico. Cuadros, esculturas, muebles, orfebrería etc. La mayoría de contenido religioso, y muchos de los cuales pasarían a formar parte del patrimonio cultural provincial integrándose en archivos, museos y bibliotecas. En 1868, la Comisión Provincial de Monumentos solicita a la Junta Revolucionaria Provincial la provincialización del Museo Arqueológico de Córdoba para que todos los restos encontrados en la provincia redepositen en dicho museo. Una vez creado el Museo quedó ubicado en el mismo edificio que el de Bellas Artes, el del antiguo Hospital de la Caridad

Otra faceta del mecenazgo cultural de la Diputación de Córdoba fue la de fomentar la edición de libros. Teodomiro Ramírez de Arellano propone la publicación de una colección de autores cordobeses que recogiese las obras de los hijos de la provincia

ix Sobre las instituciones generadas por la Diputación de Córdoba véase el trabajo de Olid Crespo, Consuelo. Fuentes para el estudio de la educación en el archivo de la diputación de Córdoba, en Actas de la III Jornadas de Gestión del Patrimonio Documental. Archivos de la administración provincial.: Diputaciones, Gobiernos Civiles, Delegaciones, Audiencias, Histórico-provinciales Córdoba, 2003, pp. 465-478.

x Sobe los edificios que pasan a la Diputación véase Joaquín Ordoñez, Mª Teresa Ruiz Gómez, “Seis planos inéditos de edificios provinciales cordobeses de 1870, en Arcontes. Cuaderno del Archivo de la Diputación de Córdoba, 3 (2010), 307-332.

xi Un aspecto concreto de la Universidad Libre lo estudia Ángel Fernández Dueñas, La Facultad de Medicina de la Universidad Libre de Córdoba y su época (1870-1874), Córdoba 1983, 413 p.

El 13 de septiembre de 1923, el pronunciamiento del Capitán General de Cataluña Miguel Primo de Rivera ponía fin al régimen de la Restauración iniciando un sistema de gobierno bajo un Directorio Militar que finalizaba en 1930 con una transición al régimen constitucional, si bien no implicó el fin de la monarquía.

El período comprendido entre el golpe de Estado de Primo de Rivera y la proclamación de la II República, abarca la constitución de tres corporaciones provinciales en Córdoba: dos durante el mandato primorriverista y una del gobierno de transición. El 20 de enero de 1924 se constituía la corporación conforme al R. D. de 12 del mismo mes; el 1 de abril de 1925 surgían las diputaciones según el Estatuto provincial de 20 de marzo del mimo año, y el 25 de febrero de 1930 se formaron las diputaciones del Gobierno Berenguer. En los siete años y tres meses que dura este período, asistimos a unas diputaciones muy cambiantes en cuanto al personal político.

En abril de 1925 el presidente Fresneda, expuso la grave situación de la Beneficencia y, en especial, la de los dementes. Poco más de un año después, el diputado Soriano expresó el buen estado económico de la corporación, pues tras el pago de todas las atenciones y obligaciones de la Diputación, y de los haberes del personal, había en caja un saldo positivo. En su discurso de despedida el presidente Francisco Santolalla elogiaba la labor hecha en Beneficencia y el éxito de la recaudación. Para el presidente Castilla y Abril, en 1926, había que dedicar atención preferente a las comunicaciones. Su sucesor Rafael Cruz Conde continuará la labor de Castilla en los caminos, base del desarrollo económico, y en la Beneficencia, en la que se habían alcanzado importantes logros. En abril de 1930, el gobernador resumía sobre los objetivos prioritarios a cumplir que eran los caminos y la beneficencia, a los cuales el presidente Cañas Vallejo añadiría que la deuda provincial era otro de los graves problemas pendientesⁱ.

i Sobre la Diputación primorriverista véase Mª Carmen Martínez Hernández, Política y Administración Provincial. La Diputación de Córdoba: 1925-1991… pp. 61-112.

Intento de reforma de la administración local

En la dictadura primorriverista se va a intentar la reforma institucional del sistema político español. El 12 de marzo de 1925 salía a la luz el Estatuto provincial, el cual daba a la provincia una nueva dimensión, que se pretendía despolitizada y puramente administrativa, lo que implicaba emanciparse de la tutela del gobernador civil, pero sus preceptos fueron inaplicables porque, de hecho, se convirtió a las diputaciones y ayuntamientos en apéndices del gobernador civil y del aparato del partido de la Unión Patriótica.

En la exposición del R. D. de 20 de marzo de 1925, parecía denotarse que el fin prioritario de las diputaciones era el de la gestión financiera, los ayuntamientos tenían que seguir siendo el primordial pilar económico de la provincia, para cuyo sostenimiento aportarían crecido contingente. En consecuencia, era obvia la necesidad de dar a sus mandatarios funciones tasadas y específicas, de fiscalización ante todo y de gestión financiera después. De este modo, el Pleno de la Diputación se reuniría para acuerdos y objetivos muy determinados y para la censura de cuentas y aprobación de los presupuestos. Los éxitos del Estatuto provincial parecieron presentarse pronto en Córdoba, en la que es necesario recordar la endémica situación crítica de la hacienda provincial, durante las dos décadas iniciales del Novecientos. Sin embargo, en julio de 1926, se informa del resultado de un presupuesto con superávit, ante lo cual el presidente manifestaba su satisfacción“porque se liquidaba el presupuesto con un sobrante de mas de doscientas mil pesetas, debía ser orgullo de todos, haciendo presente que la base de este feliz desarrollo y desenvolvimiento de la vida provincial era la amplitud de facultades concedida por el vigente Estatuto”.

Si en la Memoria provincial de 1924 se puso de relieve la denuncia que se hacia del mal estado de los acogidos en los establecimientos benéficos, pese a las reiteradas indicaciones de que es uno de los objetivos principales de la corporación, no fueron objeto de especial atención por los diputados. Esta se va a centrar en las cuestiones económicas y hacendísticas. Presupuestos, tasas y exacciones, deuda de los ayuntamientos a la Diputación, y enajenación del patrimonio. Las cuentas generales, sin aprobar desde 1897, eran las que más seriamente preocuparon a los diputados, y hubo un verdadero esfuerzo por poner al día estas cuentas. Ahora bien, lo que generó verdaderos debates fueron las transferencias y variaciones de los créditos ordinarios. Ahora se destacará que la reforma hacendística, propugnada por el Estatuto provincial, había supuesto la creación de un sistema de ingresos, en lugar del denigrado “contingente”, que regulaba las haciendas provinciales, sacando de la ruina a las diputaciones. También se eliminaron algunos servicios, se cedieron arbitrios y subvenciones del Estado y se crearon tasas provinciales.

La situación general del país en materia de infraestructura viaria, era bastante deficitaria a comienzos de los años veinte. Durante la dictadura primorriverista, el incremento de la construcción de carreteras y la electrificación rural, fue espectacular para la época. Fue entonces cuando se diseñaron los planes de carreteras provinciales, cuya realización pasó convertirse en una de las competencias más importantes de las diputaciones durante el siglo XX.

El servicio de caminos vecinales fue asignado a las diputaciones provinciales en el Estatuto provincial, y se completó con la promulgación del Reglamento de Vías y Obras provinciales de 15 de julio de 1925. A las diputaciones se le atribuyen competencias en materia de construcción y conservación de caminos, la construcción y explotación de ferrocarriles, la rectificación de ríos y la construcción de pantanos, en ellas hay tal mezcla de intereses provinciales y nacionales, que convierten a las diputaciones en auxiliares de la administración del Estadoⁱⁱ. Al encomendar la construcción y conservación de caminos a las diputaciones, el Estado preveía subvencionar el servicio durante diez años, y las diputaciones debían elaborar un ‘plan provincial de caminos vecinales’ en el plazo de un año. En general el estado de los caminos en las provincias era malo, y la nueva normativa generó una incuestionable actividad de las diputaciones en materia de caminos vecinales. Las diputaciones cumplieron el mandato estatutario y elaboraron sus respectivos planes provinciales de caminos. Pero, en general, los planes no fueron acompañados de su inmediata ejecución ante la falta de consignaciones presupuestarias. Lo cierto es que la actuación de las diputaciones en materia de caminos provinciales, pese a las limitaciones, fue relevante para sus respectivas provincias, puesto que de un modo u otro tendía a favorecer el desarrollo socioeconónico de la provincia a través de la infraestructura viaria.

A comienzo de la década de los años veinte, las corporaciones locales habían llegado a un permanente endeudamiento, la penuria económica de la mayoría de las diputaciones impedía la ejecución de las obras públicas impuestas por el Estatuto. La dictadura primorriverista intentó diversos medios para solucionar la cuestión, entre los cuales arbitró el que regulaba la capacidad de endeudamiento de las diputaciones, de modo que pudiese recurrir al crédito para acometer obras de infraestructura y servicios. El Comité Ejecutivo de las diputaciones constituyó una Mancomunidad encargada de gestionar la contratación de un préstamo, para realizar obras que la aportación estatal no permitiría realizar en un corto plazo. Al objeto de facilitar la autonomía se crea el Banco de Crédito Local, que concediese los créditos necesarios a los municipios y a las provincias. La Mancomunidad de diputaciones y el Banco de Crédito Local de España firmaron un convenio para atender los fines de un empréstito con destino a la construcción de caminos vecinales, aprobado por Real Decreto Ley de 25 de julio de 1928.

La Diputación de Córdoba, desde el traspaso de competencias sobre los caminos provinciales en la dictadura primorriverista, intentará desarrollar fundamentalmente una labor de gestión en infraestructura viaria provincial que facilitase el acceso a todos los núcleos de población, comenzando por los municipios y terminando por las aldeas y núcleos de población, a la vez que pretende contribuir al desarrollo provincial dando salida a los productos agrarios en las zonas más ricasⁱⁱⁱ. La Diputación de Córdoba aprobó la adhesión al empréstito de 1928 y se encargó la formación de un presupuesto extraordinario para llevar a cabo la citada operación. A partir de la fecha la actividad de la Diputación en materia de caminos vecinales y carreteras provinciales será permanente, con mayor o menor actividad según la situación hacendística. Esto se traduce en la abundancia de expedientes sobre los caminos, que si bien ya había algunos de etapas precedentes, a partir de 1928 continúa sin interrupción hasta 1936, incluidos los planes de conservación y reparación de los caminos vecinales de 1930 hasta 1938.

La construcción del embalse del Guadalmellato se inicia por RD del ministerio de Obras Públicas de13 de noviembre de 1908, si bien su construcción se realiza entre 1911 y 1928.

ii José Antonio González Casanova, Las Diputaciones Provinciales en España. Historia política de las Diputaciones desde 1812 hasta 1985, Madrid, 1986, p. 126.

iii Mª C Martínez Hernández, «Aportación de la Diputación a las infraestructuras y servicios Municipales de la provincia de Córdoba: 1925-1986”, en VI Congreso de la Asociación de Historia Económica (Gerona, 1997), Sesión VII: «Infraestructuras y Servicios Públicos urbanos en las edades moderna y Contemporánea “, pp. 46-73.

La nueva normativa emanada de los estatutos municipal y provincial fija el riguroso control de las diputaciones sobre los presupuestos municipales de los municipios de la provincia, tarea que se desarrollo ininterrumpidamente entre 1923 y 1939 como muestra toda la serie de presupuestos municipales, tanto ordinarios como extraordinarios, junto con las exacciones relacionadas con las ordenanzas fiscales que se conservan en el archivo y que permiten un estudio sistemático y completo de la vida municipal desde la dictadura primorriverista al final de la guerra civil^iv.

iv Sobre los presupuestos como fuente para la historia municipal véase Tiago da Silva Cesar, “Los presupuestos carcelarios como fuente para la historia de las instituciones punitivas de la provincia de Córdoba (1923-1945), en el Archivo de la Diputación de Córdoba”, en Arcontes. Cuaderno del Archivo de la Diputación de Córdoba, 3 (2010), pp. 119-148.

Las diputaciones continuaban con sus competencias en materia de fomento de la cultura y la educación. La Diputación de Córdoba desarrolló su mecenazgo cultural y artístico en la provincia mediante la concesión de becas para estudiar artes fuera de la misma, tanto en Madrid, Sevilla y Barcelona como en el extranjero. De 1923 a 1932 los expedientes de becas y pensiones de la Diputación de Córdoba aparecen concediendo ayudas para estudiar Avicultura, Bachillerato, Ciencias, Filosofía y Letras, Magisterio, Música, Escultura y Pintura y Escultura, y Pintura en el extranjero. De esta época es la dotación de becas de pintura para los artistas Rafael Botí, Ángel López Obrero y Castiñeira, Fernando Quero y Quero, Pedro Bueno….cuyas obras constituyen parte del patrimonio provincial. También se concedieron becas de música para estudiar en el conservatorio de Córdoba o en el Madrid. Pero la necesidad de una formación más técnica y la conveniencia de formación profesional a las clases trabajadoras se constata en los años veinte, especialmente en la legislación primorriverista, dado que el Estatuto de 1925 compromete a las diputaciones a sostener establecimientos de enseñanza técnica, agrícola o industrial y a becar a estudiantes; el personal docente era competencia del Estado.

También se habla en estas fechas de un Museo Andaluz de Mineralogía (1927). Pero, tal vez, lo más significativo es la aparición de la enseñanza técnica y profesional. En 1924 los documentos traducen las obligaciones impuestas a la Diputación por el Estatuto de Enseñanza Industrial y su Reglamento de Aplicación. Unos años más tarde, en 1927, están los expedientes, presupuestos y oficios relativos a la Escuela Industrial de Córdoba; en 1928 tenemos el Patronato Local de Formación Técnico Industrial de Peñarroya-Pueblo Nuevo y el de Córdoba capital, cuya documentación continúa hasta la década de los años cuarenta.

El 13 de febrero de 1925 se iniciaba la instalación de los talleres de la imprenta en unos locales del exconvento de la Merced, por esas fecha sede de la Casa-Socorro Hospicio, cercanos a la iglesia. Un mes más tarde se procedía a la inauguración oficial, el 14 de marzo, al que asistieron las autoridades locales y provinciales.

La creación de la imprenta respondía al interés de la Diputación, a través de su presidente el general Miguel Fresneda Menjíbar y del vicepresidente de la Comisión Provincial Francisco Santolalla Natera, en el objetivo de formar a los niños acogidos en el Hospicio, para que pudiesen tener un oficio al llegar a la edad en que tenían que salir del Hospicio. La prensa de la época, concretamente el Diario La Voz, en varios artículos del mes se marzo de 1925, hizo un elogioso eco de la iniciativa de la Diputación Provincial de “dotar un taller tan útil y provechoso a la casa Hospicio para enseñanza de sus jóvenes asilados”. En esta iniciativa podría verse una de las más inmediatas acciones derivadas de las nuevas ideas sobre la necesidad de una formación más técnica y la conveniencia de formación profesional a las clases trabajadoras, consecuencia del Estatuto Provincial de 1925.

La puesta en marcha del taller de la imprenta corrió de mano de Antonio de Julián Navarro, que fue nombrado Regente de la Imprenta Provincial el 26 de junio de aquel mismo año, en 1955 al título de regente de la imprenta se le confió el cargo de administrador de la misma, falleció en 1967. Había comenzado enseñando las artes gráficas a un grupo de 6 niños acogidos del Hospicio, a lo largo de su dilatada tarea en la imprenta, de más de 42, años formaría a más de 300 alumnos acogidos en el Hospicio

A la Diputación Provincial le competía la edición del BOP, que a partir de la creación de la Imprenta será impreso en la misma, aportando una ostensible calidad a la impresión. En 1928 editaba la Memoria de la Casa de Maternidad, y en 1930 una memoria de todas las Casas de Beneficencia, en ese mismo año salía el primer Censo Electoral impreso en los talleres de la Casa Hospicio, labor que desempeñó hasta 1955 en que se imprime el último censo electoral. Otra publicación de larga duración fue la del Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Córdoba que se inicia en la imprenta provincial en 1939.

La sede de la Diputación provincial seguía en el edificio del viejo convento de San Pablo, entre la calle del Ayuntamiento y la de Carreteros, y se hicieron obras de reparación y reforma de la escalera y del salón de plenos

La Exposición Iberoamericana de 1929 en Sevilla, fue uno de los eventos más significativos de la época y también de los más problemáticos. La aportación de la Diputación de Córdoba fue notable obteniendo un premio por su colaboración. La Diputación de Córdoba aporto una variada colección de objetos decorativos de cuyos diseños han quedado testimonios, y en los que se constata las nuevas tendencias artísticas. El arte nuevo, o “Art Deco”, del novecientos impregna la decoración de la época hasta en los detalles de la vida comercial, ejemplo de los membretes de las facturas que se conservan de esta exposición.

En la Diputación provincial de Córdobaⁱ durante el régimen del general Franco pueden detectarse dos etapas cronológicas bien definidas y diferenciadas en cuanto a su funcionamiento jurídico. La primera, en la que funciona en calidad de comisiones gestoras desde el mismo momento en que estalla la guerra civil en 1936 hasta 1949, y la segunda desde 1949 hasta la transición al régimen constitucional en 1979, durante la cual la corporación pasa a ser constituida en sesión plenaria tras elecciones provinciales corporativas. Desde la perspectiva política en esta segunda etapa cabe señalar las fechas de 1975, en que muere el Jefe del Estado General Franco, a partir de la cual se inicia un proceso de transición a un régimen democrático y 1979 fecha de las primeras elecciones municipales en el nuevo régimen constitucional.

Desde la perspectiva económica se vislumbran varias etapas, pues siguiendo la actividad desarrollada en función de sus presupuestos hay que señalar que a la penuria de la posguerra, seguirá la reforma hacendística de los cincuenta, la cual facilitará el despegue de la Diputación en los sesenta desarrollando una actividad inversora hasta el fin del régimen. Y en cuanto a las líneas políticas de actuación, se detectan que inicialmente dedicará su atención a las disposiciones llegadas del Gobierno Central, destinadas a la consolidación del Nuevo Estado, sin apenas poder hacer frente a la resolución de los propios problemas provinciales y, posteriormente, una vez consolidado el Régimen, atender a los intereses provinciales mediante la creación de infraestructura viaria y a las necesidades de los pueblos de la provincia por medio de la dotación de equipamiento municipal.

i Sobre la hacienda de la Diputación véase el trabajo de Aurora Mª Jiménez Caballero, “El sistema tributario en las haciendas provinciales. La Diputación de Córdoba” en Arcontes. Cuaderno del Archivo de la Diputación de Córdoba, 3 (2010), 45-74.

La Ley de Bases de Administración Local de 1945, promulgada en 1950, crea la figura del presidente-gerente en la Diputación, confiriéndole la importancia necesaria para que ejerciera con eficacia su cargo, atribuyéndole aquellas competencias que no fuesen propias de la Diputación. La Ley de 3 de diciembre de 1953 modificaba la de bases de Régimen Local de 1945, que en lo concerniente a las diputaciones implica una extensión de sus competencias con obligaciones en cooperación para lograr la efectividad de los servicios municipales y la nivelación presupuestaria de los pequeños municipios. Desde los años 50 la legislación franquista promovió que las diputaciones provinciales desarrollasen sus facultades de fomento, mejora de infraestructura y servicios, cooperación municipal y tutela de ayuntamientos pequeños, sin ceder un ápice a la descentralización y autonomía. En el abanico de competencias a desarrollar por las diputaciones, éstas hubieron de ajustarse a unos presupuestos recortados y escasos. Sin embargo, sea como fuere, en España hallamos obras públicas, instituciones sanitarias y servicios promovidos por las diputaciones provinciales del franquismo. Sus huellas son visibles en cada municipio, en cada carretera. El quehacer de la Diputación, sus actuaciones, sus intervenciones fueron tan domésticas y cotidianas como los alcantarillados rurales, las carreteras provinciales, las instituciones sanitarias y de beneficencia o los peones camineros.

Los problemas a los que tuvieron que hacer frente las diputaciones del primer franquismo, en general, fueron los mismos dada la crítica situación en que habían quedado las provincias al acabar la guerra civil: el abastecimiento de agua potable a los pueblos, la situación sanitaria, la vivienda, la beneficencia, las carencias en el terreno de la instrucción pública, etc. El nivel de huérfanos y acogidos como consecuencia de la guerra civil supuso para la Diputación de Córdoba, como para otras muchas, un serio problema, pues el mantenimiento de los establecimientos benéficos consumía gran parte de los presupuestos, junto a los gastos de personal. Pero no fueron estas cuestiones las que se debatieron en las comisiones y en los plenos, sino que las principales preocupaciones de la Diputación van a girar en torno a las vías de comunicación, vinculadas al desarrollo y la cooperación municipal.

Al iniciarse en Córdoba la Diputación corporativa de 1949, según se desprende de los discursos de los presidentes y gobernadores, puede afirmarse que se pretendía que las diputaciones fuesen un organismo realmente importante en la provincia. En consecuencia el presidente debía de ser un esforzado gerente de la Diputación. Esta no se concebía sólo como un órgano económico-administrativo y benéfico, sino que la labor de la Diputación era la de coordinar, tutelar y propulsar a los pueblos de la provincia, especialmente a los económicamente débiles.

Beneficencia, hacienda y paro

Los asuntos que surgen en la Diputación como consecuencia inmediata de la guerra fueron el de los huérfanos, la escasez de medicamentos y la dificultad de recaudación en los pueblos y el paroⁱⁱ. La Casa de Socorro Hospicio ya estaba saturada a fines de agosto de 1936. En diciembre, el aumento de ingresos de niños, desamparados a consecuencia de la guerra, generaba un serio trastorno económico a la Corporación. A mediados de 1937, ante la imperiosa necesidad de las circunstancias, se dejaba sin efecto las disposiciones que limitaban el ingreso de acogidos en el Hospicio. Se crearon dos orfanatos que irán, sucesivamente, dotándose de enseres. Al término de la guerra el número de expósitos era tan elevado, agravándose con los ingresos causados a consecuencia del brote de epidemias, que se renueva la suspensión de ingresos.

En agosto de 1936 ya habían surgido los primeros problemas en el suministro de medicamentos de farmacia del Hospital de Agudos. En septiembre, los agentes proveedores de farmacia indicaban que no había medicinas ni materiales de curación en ninguna de las plazas sometidas al ejército.

Desde comienzos de la contienda la situación dificultaba la recaudación provocando el consiguiente corte en los ingresos de la Corporación. En septiembre de 1935 los problemas económicos llevan al Interventor a declarar que la situación de la caja era de verdadero agobio. Tres cuestiones resumen la problemática hacendística de la Diputación cordobesa: los créditos y sus intereses; la implantación y cobro de los impuestos provinciales; y la situación financiera de los ayuntamientos de la provincia. En realidad, la situación es un preludio de lo que sería, en años sucesivos, algo usual: una sobrecarga de competencias y obligaciones frente a una crónica escasez de recursos. La Diputación indicó vías de solución, pero el Gobierno no las acepta. El férreo control del Estado sobre las diputaciones se establece desde el primer momento. Los intereses provinciales siguieron quedando pospuestos a los intereses del Gobierno.

La situación financiera de los ayuntamientos durante la guerra fue bastante crítica, y tuvieron serias dificultades para atender uno de los problemas más acuciantes, como fue el de los huérfanos. A fines de julio de 1939, el presidente emitió un informe en el que se exponía la difícil situación económica de la Corporación a la vez que proponía medios para remediarla. El estado de desolación y de ruina en que quedaban la mayoría de los municipios no les permitiría hacer efectivos los compromisos contraídos con la Diputación. Por otro lado, los gastos de beneficencia habían aumentado a causa del incremento de un 50 por ciento de las estancias en los centros benéficos y solicitaba algunas medidas para hacerles frente.

ii José Dieguez Ortíz, La Diputación y la Enseñanza Primaria, Omeya I, 1, 1956

1939 · 1949

Al finalizar la guerra civil las diputaciones quedaron situadas en un estadio paralelo al de comienzos del siglo XX: una empobrecida hacienda, la atención a la beneficencia y a algunos caminos locales, sin medios y un total acatamiento y sumisión a los poderes del gobierno central. Las comisiones gestoras estuvieron presididas por Eduardo Quero Goldoni (1936-1941), Manuel León y Adorno (1941) y Enrique Salinas Anchelerga (1941-1949).

Al acabar la guerra, la situación del paro obrero se había agudizado, extraordinariamente en la provincia de Córdoba. El endémico paro estacional se hacia presente al finalizar el verano de 1939, el Gobierno Civil insta a la Diputación a que acuda a remediarlo, creyendo que se resolvería con la intensificación en la ejecución de obras de carácter provincial como la construcción, reparación de carreteras provinciales, caminos vecinales y puentes. En el verano de 1940, ante el posible paro estacional se inician gestiones ante el Gobierno Civil para aumentar los ingresos de la Junta Provincial del Paro. En el año 1945 fue preciso conseguir créditos extraordinarios para conjurar el paro obrero y, aunque no fueron suficientes, remediaron aquél en gran parte. A finales de los cuarenta la situación del paro era considerada muy grave y la vía de solución, por parte de la Diputación, seguía siendo la construcción de caminos. La reconstrucción de la infraestructura viaria siguió siendo lenta. En 1950 en la provincia de Córdoba, la red de caminos vecinales se había aumentado en 300 km. a la vez que se habían ampliado los ya existentes. Pero la escasez de materiales continuaba y se detectaba la falta de hierro tan necesaria para la construcción de puentes en el Guadajoz y en Albendín. En estos años la escasez de materiales suponía una rémora para la construcción de caminos.

El estado de desolación y de ruina en que quedaban la mayoría de los municipios les generó una situación económica bastante crítica, y tuvieron serias dificultades tanto para atender al problema de los huérfanos como para hacer efectivos los compromisos contraídos con la Diputación. Existía una Comisión de Reconstrucción de la Provincia, en contacto con la Dirección General de Regiones Devastadas, pero los expedientes incoados para cada pueblo se demoraban mucho en su tramitación.

Iniciados los años cincuenta la reconstrucción del país seguía siendo tema candente. El presidente Enrique Salinas haría una moción cuyo objetivo era que los ayuntamientos tuvieran más facilidades para obtener subvenciones para obras, ya que las consignaciones, entonces vigentes, resultaban insuficientes. Mediada la década de los cuarenta, la Diputación de Córdoba acometió un mayor número de servicios y, aunque sigue atendiendo la beneficencia y la asistencia social, éstos van descendiendo en orden de importancia presupuestaria. Con la reanudación de los plenos, a partir de 1949, se constata la importancia que van adquiriendo otras cuestiones en la problemática provincialⁱⁱⁱ.

El 24 de abril de 1949 se constituía la primera Diputación Corporativa, que debía durar hasta 1952, bajo la presidencia de Enrique Salinas Anchelerga, quien ejercía la presidencia de la Comisión Gestora desde el 11 de noviembre de 1941. Salinas permanece hasta el 9 de mayo de 1950, fecha en la que le sucede Joaquín Gisbert Luna en la presidencia.

iii Sobre la repoblación forestal puede consultarse Bartolomé Jesús Corredor Gavilán, “La repoblación forestal en la provincia de córdoba de 1945 a 1975. Expedientes del Archivo de la Diputación de Córdoba, en Arcontes. Cuaderno del Archivo de la Diputación de Córdoba, 1 (2007), 143-164.

1950 · 1957Joaquín Gisbert Luna tomó posesión de la presidencia el 9 de mayo de 1950 y cesó el 23 de septiembre de 1957. En septiembre de 1957 es sustituido por Rafael Cabello de Alba. Bajo el mandato de Joaquín Gisbert se realizaron tareas importantes para la Diputación y provincia de Córdoba como la reforma de las haciendas locales e implantación de la imposición provincial, inversiones en caminos vecinales, creación de escuelas mediante la cooperación municipal, y la repoblación forestal, además de continuar el mecenazgo cultural y educativo.

Creación de la Revista Omeya

La Diputación consideró conveniente y necesario la divulgación de los objetivos que pretendía alcanzar, los motivos que lo justificaban, las dificultades en la mejora de los servicios, los datos de su coste, los proyectos a iniciar o los ya en curso, y cualquier campo de su actividad pública provincial que constituyese materia de interés para el administrado. Todo ello la llevó a la creación de una revista que publicitase las actividades corporativas y que se denominó OMEYA, en honor de la dinastía que elevó a Córdoba a capital de un imperio.

Los impuestos provinciales

La Ley de 3 de diciembre de 1953, al crear el arbitrio sobre la riqueza provincial, sacó a las diputaciones de su precaria situación financiera, dotándolas de los medios económicos imprescindibles para el desarrollo de su cometido. El Presidente Gisbert negoció la firma de los convenios con los agentes económicos. Con la reforma de las haciendas locales de 1953, y la implantación de la imposición provincial, que se produjo bajo la presidencia de Joaquín Gisbert, la Diputación iniciaría una mayor dinámica provinciali. Mediada la década de los cincuenta, dadas las malas condiciones de los Establecimientos benéficos se proponía la creación de un nuevo hospital provincial de Agudos con arreglo a las necesidades de la provincia, y un nuevo edificio para el Colegio provincial de la Merced, así como ampliar pabellones para el hospital de Crónicos ante el angustioso problema del acondicionamiento de los enfermos acogidos en ese centro. Se acordó la redacción de un proyecto para Hospital provincial de Agudos y la adquisición de terrenos para construir un edificio para el Colegio de la Merced.

Los caminos

Cuando el Estado entrega el servicio de caminos a la Diputación, en 1925, había construidos 290 Km. Durante la guerra y la posguerra se tuvieron serios problemas para dotar a la Sección de Vías y Obras de maquinaria y otros elementos indispensables como cemento, hierro y carburante. En 1950 la red de caminos vecinales se había aumentado en 300 km. a la vez que se habían ampliado los ya existentes Durante el mandato de Gisbert se invertirían 50 millones en caminos vecinales, más 9 millones pendientes de subasta en los proyectados, dotando además al servicio de caminos de maquinaria de la que carecía totalmente. En 1956 había 1444 kilómetros construidos y en período de “conservación”, estando en construcción otros 444. El plan de conservación para la mejora de camino vecinales de 1956 fue de 14.990, 174,17 pesetas. Se dotó, además, al servicio de caminos de maquinaria de la que carecía totalmente

Cooperación municipal

Una de las más importantes aportaciones de la Diputación de Córdoba en la reconstrucción de los pueblos fue a través de la construcción de escuelas. En 1952 se inició un plan de construcciones escolares que no cuajaría hasta 1955 y finalizaría al terminar la década de los cincuenta. Partiendo de un déficit inicial de más de 1000 escuelas, la capacidad de realización de las corporaciones locales siempre quedaba corta, o a un ritmo insuficiente para nivelar en corto tiempo la necesidad de escuelas con el ritmo demográfico. En junio de 1952 el presidente de la Comisión de Educación exponía la gravedad de la situación escolar en la provincia de Córdoba, y se ve la urgencia de arbitrar fórmulas viables de cooperación con los municipios, los cuales no podían económicamente cumplir con las obligaciones que le imponía la Ley de Educación Primaria. La Diputación acordaría con el Estado en contribuir al 50%, tras ello se redactó un plan de construcciones en el que se estudiaba la fórmula económica de participación de los ayuntamientos. De los 74 municipios cordobeses, pese a los ofrecimientos ventajosos de la Diputación, solo 28 manifestaron su propósito de acogerse al Plan. Fue aprobado el Plan de Construcciones Escolares el 11 de diciembre de 1953, y remitido al Ministerio de Educación para su definitiva sanción. La promulgación de la Ley de Construcciones Escolares, paralizó el plan provincial durante dos años, el cual no volvió a ponerse en marcha hasta fines de 1955ii.

El tema de facilitar recursos a los municipios se perfila como vital en los plenos desde finales de los cuarenta, experimentando un fuerte ascenso entre 1952, 1956 y 1958, años en los que se abordan tanto los problemas relativos a los caminos provinciales, como los inicios de la cooperación municipal. En 1955 sólo 20% de los pueblos estaban dotados de agua, un 30% estaban insuficientemente dotados, siendo las dotaciones medias de cinco, diez y cincuenta litros por persona y día. Un Plan urgente y preliminar fue aprobado por el Ministro de la Gobernación en julio de 1956. En 1957 ya se habían construido edificios para escuelas en diversos municipios, y se planeaba hacerlo también en pequeños núcleos rurales. El orden de necesidades y las deficiencias de los servicios públicos en los pueblos, quedaron plasmados en los Planes Generales de Ordenación Económico-Social. Los plenos estarían marcados por la colaboración en la Repoblación forestal, además de alguna incidencia de apoyo agrario y ganadero El apoyo forestal continuó en las siguientes décadasiii.

Los certámenes de pintura.

En 1955 se crea un Certamen de Pintura instituido, en esta ocasión, en memoria del pintor cordobés Antonio Acisclo Palomino. En el I Certamen salió premiado el cuadro de Miguel del Moral Los teólogos. En noviembre de 1956 se aprueban las bases del Concurso de Pintura, al que se invitó a participar tanto a pintores españoles como hispanoamericanos, instituyéndose cuatro premios. El Primer premio con medalla de plata lo obtuvo el pintor cordobés Pedro Bueno Villarejo por su obra Retrato de Niña. Y la medalla de plata fue concedida a Manuela Pozo Lora por Muchacha con bufanda. En el Certamen de 1957 el segundo premio fue para la obra de Pascual Palacios Tardes Paisaje de la Sierra de Córdoba y el tercer premio lo obtuvo Mª Antonia Dans con la obra Paisaje urbano (Plaza de Santa Catalina).

Mecenazgo educativo

La Diputación continuó con la concesión de pensiones para estudios de Bachillerato, Música, Magisterio, Veterinaria, Letras, Ciencias, Perito Industrial, Escuela Elemental del Trabajo, Seminario Conciliar, Pintura, Escultura, Farmacia. Otra forma de dinamización educativa fue la de aportar recursos para laceración y mantenimiento de otras instituciones docentes. De este modo la Diputación de Córdoba jugó una importante baza en la creación de la Universidad Laboral de Córdoba, aportando terrenos y presupuesto La gestión docente fue encomendada a los dominicos. Y en 1955 firmó un convenio con el Ministerio de Educación Nacional para la creación y funcionamiento de la Escuela Pericial de Comercio, en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba. También se incrementaron las subvenciones a los institutos laborales que funcionaban por la provincia, y se colaboró a la lucha contra el analfabetismo mediante planes educativos en colaboración con la Inspección de Enseñanza Primaria.

En 1956 se aprueba el reglamento del Centro Coordinador de Bibliotecas, acordándose una contribución para el sostenimiento del mismo, desde él se ayudaría a la instalación de bibliotecas públicas en los municipios.

La beneficencia provincial

El Hospital Provincial de Agudos, en la plaza del Cardenal Salazar seguía cumpliendo funciones benéficas atendiendo a los enfermos necesitados. Se introdujeron algunas mejoras dotándolos de un nuevo servicio de cardiología y de radioterapia, pero el viejo caserón ya no reunía condiciones para hospital. En 1955 se reconstruyó la capilla de San Bartolomé, aneja al hospital de Agudos. La Casa Provincial de Infancia o Casa de maternidad continuaba en el antiguo hospital de San Sebastián. Allí permanecían los niños y niñas hasta los 7 años, edad en la que pasaban al Colegio de la Merced, en el que permanecían los niños y niñas hasta los 18 años. En la década de los cincuenta todavía se encontraba ubicado en el antiguo convento mercedario, pero su situación hacía prever las necesidades de un cambio, y en 1955 se aprueban las bases de adquisición de terrenos para la construcción de un nuevo Colegio Provincial de la Merced y de una colonia veraniega en Chipiona para que los acogidos en dicho centro pasasen el verano en la playa. El 13 de abril de 1956 se aprobó la creación de un Colegio Provincial de Sordomudos,con capacidad para 40 alumnos internos y 20 externos.

Bajo el patrocinio de la Diputación, se creó la Caja Provincial de Ahorros en 1952, siendo inaugurada una nueva sede en 1957.

1957 · 1962Rafael Cabello de Alba toma posesión el 24 de septiembre de 1957 y cesa en septiembre de 1962. El Presidente Cabello de Alba inicia una nueva política tecnocrática y planificadora dedicando a los pueblos una línea de atención preferente, y a justificar la existencia de la Diputación en el inmenso campo de Cooperación con los municipios.

La cooperación a los municipios

Los dos primeros Planes de Cooperación estuvieron dedicados casi en su integridad a la realización de obras de captación y mejora del abastecimiento de aguas y alcantarillado a los pueblos de la provincia. En 1961 estaba en ejecución más del 90% del último Plan de Cooperación cuatro meses después de haber sido aprobado, 36 pueblos habían mejorado su abastecimiento de agua, 16 completamente terminados, 18 en trámite y 2 en ejecución. La Diputación invertía en cooperación el 5,87 % de su presupuesto. A través de la Cooperación se llevaría a remotos lugares de la provincia luz, teléfono, agua y alcantarillado, más la construcción de mercados, mataderos, y viviendas para funcionarios municipales. De 1961 a 1964 los servicios de cooperación a los municipios ejecutaron obras por importe de unos 93 millones de pesetas. En la línea de la cooperación se contribuyó a la construcción de edificios para el equipamiento de los pueblos como mercados, lavaderos, mataderos. Las construcciones escolares, en el ámbito de la cooperación municipal, supusieron una solución de emergencia ante la necesidad de reducción de la población analfabeta de la provincia. Con el Ayuntamiento de Córdoba colaboró estrechamente en creación del aeropuerto de la capital, como mejora de los medios de comunicación, dentro del área de Cooperación

La Diputación había contribuido a la creación de la Caja Provincial de Ahorros, al objeto de prestar ayuda financiera a los municipios, ahora colabora en la construcción de un edificio para sede de la misma

La Diputación seguía con sus tradicionales competencias en materia benéfico social, inaugurándose el Colegio Provincial de Sordomudos, creado en 1956

Mecenazgo artístico

En el certamen de pintura de 1958 obtuvo el primer premio Francisco Arias Álvarez con la obra Paisaje de Morella, cuyo intimismo esquemático sitúa la obra en la Joven Escuela Madrileña de los años cincuenta. El segundo premio lo obtuvo Menchu Gal con su obra Bodegón, en la que renueva esta temática, situándose también en la Joven Escuela Madrileña de los años cincuenta. En el certamen de 1958 recibió mención de honor una obra de Rafael Medina Hidalgo Paisaje.

El primer premio del certamen de 1959 lo llevó Luis García Ochoa con la obra Pueblo. Obteniendo el segundo premio José Morales, con la pintura sobre chapa tituladaAbstracción. El tercer premio recayó sobre Rosario Rodríguez Tierno con su obra El Castillo. Recibió premio provincial del certamen de 1959 Rafael Medina Hidalgo con su obra El Adolescente y la naturaleza. Se le concedió una mención honorífica al Paisaje del pintor De la Fuente Grima

El premio de pintura de 1960 fue concedido a Antonio Zarco Flores por su obra Composición/ Grupo. Y en 1961 el premio se le concedió al óleo de Chel por su cuadroTrabajadores.

1962 · 1967Antonio Cruz Conde tomó posesión el 25 de septiembre de 1962 y cesó en 1967. Con la presidencia de Antonio Cruz Conde la Diputación de Córdoba inicia unas actividades crediticias desconocidas hasta entonces y que reflejan el dinamismo de una corporación provincial cuyo resultado fue la realización de obras de carácter extraordinario, que repercutieron en el equipamiento de la provincia.

De la Beneficencia a la Asistencia Social

El presidente Cruz Conde le imprimirá un giro radical a la beneficencia, aunque las soluciones prácticas tardarían algunos años en verse. Con él, la Corporación aprobó las líneas generales de actuación en materia sanitaria que incluía la construcción de un hospital psiquiátrico y la de un hospital general, dando preferencia al primero. El proyecto de transformación social es ambicioso y constante. Se cambiaría también los conceptos del hospicio por un centro educativo, y el Colegio de la Merced se reorganizó quitándole el exclusivo destino de beneficencia de modo que tuvieran acceso a él todas las clases sociales, ampliándose las disciplinas a impartir y el profesorado, permitiendo además que los alumnos pudieran seguir estudios superiores. Para los acogidos en el Colegio de la Merced se proyectaron los Colegios Provinciales “Fernando III” para niños e “Isabel la Católica” para niñas, como lugar de residencia y en los que los acogidos asistirían a la escuela pública

Con el mismo criterio se creaba la Residencia Infantil El Carmen. En un intento de eliminar los complejos de infortunio. Al suprimir el antiguo criterio de casa-cuna y sustituirlo por una residencia infantil de toda procedencia, se pretendía eliminar el desprestigio social que conllevaba. El edificio de la Casa de Maternidad de Infancia, en el viejo hospital de San Sebastián, quedó clausurado, y ante las características de una nueva residencia y su régimen de funcionamiento, que permitiría atender a todos los niños hasta los 7 años, si distinción de clases sociales, pasó a denominarse Residencia Infantil el Carmen. Se ubicó en el edificio de Puerta Nueva^iv.

El Colegio de sordomudos “Ponce de León”, creado en 1958, fue también un edificio de nueva construcción, dotado de los elementos que imponía la nueva pedagogía para la enseñanza especial, y al que acudían niños de la provincia de Córdoba y de otras.

El hospital general se encontraba en un viejo edificio del siglo XVIII y se había quedado totalmente insuficiente para las necesidades sanitarias de la provincia. La creación de los nuevos hospitales general y psiquiátrico obedecía al deseo corporativo de dotar a la provincia de Córdoba de dos centros modelos en su género, huyendo del viejo concepto de Beneficencia, puestos al servicio de todos los cordobeses, fuese cual fuese su situación económica.

Los caminos para el desarrollo

Para Antonio Cruz Conde los caminos eran las vías por las que la provincia podría desarrollarse, la incomunicación de zonas y pueblos infligía un grave quebranto económico a la provincia. Como en tantos otros aspectos, este Presidente analizaría el estado de la cuestión y diseñaría las tareas a realizar. A finales de 1962 presentaba una moción en la que recogía la problemática provincial y presentaba un plan que sometía al pleno. La atención principal de la Diputación se centró en dotar de comunicación a todas las aldeas de la provincia, que permanecían totalmente incomunicadas y en circunstancias verdaderamente deprimentes.

En 1964 Antonio Cruz Conde planteaba la necesidad de establecer vías de comunicación en la Campiña y Santaella, en el llamado desierto del barro, y muchos lo vieron como una utopía irrealizable. Cruz Conde haría trabajar a los servicios técnicos a paso de carga para construir caminos en zonas que, como la Campiña se consideraba vitales, y para comunicar zonas deprimidas o alejadas, pero también hizo intervenir a los que se iban a beneficiar como parte más directa. Tres años después las carreteras de la zona estaban prácticamente terminadas, se habían invertido 240 millones de pesetas y había colaborado el Gobierno y los propios labradores cordobeses. Desde el acceso de Cruz Conde en 1961 al 1964 se habían invertido en conservación y construcción de caminos 75 millones, la red se había ampliado a 1700 kilómetros, y en 1967 superaba los 2000 kilómetros. Además de estos caminos podríamos decir de carácter económico o agrario, se construyeron los llamados caminos turísticos. La Sierra de Córdoba es de una belleza extraordinaria y se iniciaron rutas en Hornachuelos y cerca de la capital, en Trasierra.

La puesta en marcha y la realización del Plan General de Caminos de las Campiñas de Córdoba y Santaella implicó la adquisición de vehículos y maquinaria del Parque Móvil de la Diputación por valor de casi 12 millones de pesetas^v.

La Cooperación

Faltos de urbanización y de servicios esenciales, se llevaría a muchos pueblos luz, teléfono, agua y alcantarillado. La Diputación duplicó sus presupuestos en materia de cooperación y puso en marcha numerosos servicios: urbanizaciones, mercados, mataderos, escuelas^vi, parques comarcales contra incendios. La Diputación estableció tres parques comarcales contra incendios en la provincia: córdoba, Peñarroya-Pueblonuevo y Montilla

El presidente Antonio Cruz Conde dio preferencia a las obras de abastecimiento de aguas y saneamiento en estrecha relación con la Comisión Provincial de Servicios Técnicos. Y, ante las dificultades que los ayuntamientos tenían para la redacción de los planes y proyectos en obras de su competencia, crea en la Diputación un gabinete técnico al objeto de realizar esos planes, con planos que tuviesen todo lo necesario a fin de facilitar la labor de los ayuntamientos. En una década se habían conseguido realizaciones importantes. 41 pueblos recibieron ayuda para el abastecimiento de aguas, a la vez que se atendía el saneamiento de los mismos. Ningún municipio quedó sin comunicación telefónica, el paso siguiente fue extenderlo a todas las aldeas de alguna importancia. La electrificación de núcleos de población importante como las aldeas des Fuente Ovejuna, fue una realidad. La Junta Provincial de Construcciones Escolares el 27 de mayo de 1963 planteó el problema de construir más micro escuelas. Desde comienzo de la década de los sesenta se acelera el proceso de contribución a la urbanización de los municipios. Sepavimentaron calles y plazas.

Con el embalse de Sierra Boyera se daba viabilidad al Plan de abastecimiento de agua a Peñarroya, Pueblonuevo y Belmez y a su polígono industrial. En julio de 1965 La dirección General de Obras Hidráulicas y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aprobaban el plan, y el denominado Plan del Guadamatilla pasaba a informe de la Confederación del Guadiana. A finales del mandato de Cruz Conde, el pleno aprobaba la construcción de los pantanos de Guadamatilla y Sierra Boyera^vii. En 1962 había iniciado las gestiones para conseguir que se autorizara a una Diputación, como caso insólito en toda España, para que acometiera los estudios de viabilidad y los proyectos de una obra de 600 millones de pesetas, pero que alejaría de los pueblos de la provincia de Córdoba el fantasma de la falta de agua, y poner en regadío zonas del norte de la provincia. A través de la Cooperación se llevaría a remotos lugares de la provincia luz, teléfono, agua y alcantarillado, más la construcción de mercados, mataderos, y viviendas para funcionarios municipales. De 1961 a 1964 los servicios de cooperación a los municipios ejecutaron obras por importe de 15 millones de pesetas, estando en ejecución otras por valor de 50 millones. En mercados y mataderos se habían invertido 20 millones, más 7 para viviendas de funcionarios municipales. En total en servicios municipales se había invertido unos 93 millones de pesetas.

Se creó un centro de fomento pecuario, y se contribuyó a la elaboración de un mapa edafológico de la provincia que sirviera de base para todos los estudios que se realizasen en este aspecto. La instalación del Centro de Fomento Pecuario, supondría una notable mejora en la ganadería provincial, principalmente en las especies de cerda, lanar y vacuno.

Fomento de los intereses de la provincia

La creación de la Caja Provincial de Ahorros, cuya nueva sede para oficinal centrales fue inaugurada en la avenida de Gran Capitán, facilitó la construcción de viviendas para funcionarios en la Plaza de Andalucía, el Parque Cruz Conde, Avenida de Andalucía y Avenida Carlos III. La Caja Provincial de Ahorros permitió la utilización de un Centro de cálculo Electrónico, que se había establecido en ella, al servicio de la facultad de Veterinaria y el Departamento de Zootecnia del CSIC^viii.

El nuevo palacio provincial

Un viejo proyecto que la Corporación provincial había reiteradamente intentado era el tener una sede digna. Las remodelaciones parciales del edificio de Pedro López quedaban insuficientes. El convento mercedario del siglo XVIII, que había alojado el hospicio hasta esas fechas, había quedado vacío tras el desalojo de los acogidos y su traslado a los nuevos edificios creados para ellos, sería ampliado y adaptado a casa palacio convirtiéndose en uno de los edificio emblemáticos de la provincia. El arquitecto provincial Rafael de la Hoz fue el artífice de la adaptación del exconvento a sede de la Diputación, completando su labor el arquitecto provincial José Chastang^ix.

El mecenazgo cultural

En 1966 se reanudó el Certamen de Pintura y Escultura El certamen fue bien acogido y se presentaron 51 pinturas y 18 esculturas. Salió premiado el cuadro de José Duarte “La barquilla verde”. El segundo premio de escultura fué para Rafael Orti.

También se reanudó el servicio de Publicaciones de la Diputación; continuándose la labor del Catálogo Artístico y Monumental de la provincia, y la de la Revista OMEYA.

iv Francisco Navarro Calabuig, “El Carmen” Residencia infantil, en Omeya 8 (1967)

v Rafael Muñoz “Leafar”, “Habla don Francisco Pérez Poyato Diputado visitador del parque Movil de Maquinaria y Servicios de Vías y Obras”, en OMEYA 11 1968.

vi Sobre las construcciones escolares véase Aurora Jiménez Caballero, Francisco Mellado Calderón, Lorena Sáez Delgado, “Los expedientes de construcciones escolares en el Archivo de la Diputación de Córdoba. Aportación al estudio de una serie documental, en Arcontes. Cuaderno del Archivo de la Diputación de Córdoba, 1 (2007), 165-186.

vii Luis Agredano, “El presidente de la Diputación habla del embalse de Sierra Boyera”, en OMEYA 7, 1966.

viii Francisco Navarro Calabuig, “Un centro de cálculo electrónico al servicio de la ciencia y de la economía en Córdoba”, en Omeya 98 (1967)

ix Sobre el palacio de La Merced véanse los trabajos de Mª Carmen Martínez Hernández, “El palacio de la Merced. Sede de la Diputación provincial de Córdoba”… 57-76. Mª Dolores López Mezquita, Guía del palacio de La Merced.

1967 · 1972Pascual Calderón Ostos fue presidente de la Diputación de Córdoba de 1967 a 1972. Había sido colaborador de Antonio Cruz Conde y su política fue de continuidad de la labor emprendida por su antecesor, lo que permitió completar la dotación de importantes servicios provinciales y en los municipios de la provincia

La cooperación al desarrollo provincial

El empobrecimiento de la provincia, causado por la emigración, la falta de industria y el desmantelamiento de algunas líneas férreas en el norte y este de la provincia incidieron en la sensación de estar quedando al margen del desarrollo a comienzos de los setenta. El Presidente Pascual Calderón expresó que se estaba produciendo el «empobrecimiento de los pobres», y tenía puestas sus esperanzas en el Polo de Desarrollo, que se abría como un amplio campo donde la Diputación podría invertir sus recursos económicos, pero la grave situación económica, en la que estaba quedando la provincia, generaba discrepancias políticas.

El presidente Calderón expuso cuáles eran los proyectos que tenían más importancia y comenzó hablando del abastecimiento de agua a Montilla y la zona meridional de la provincia, ya en fase final. El problema de Montilla se venía denunciando desde hacía un siglo, pero no se había resuelto porque la solución no podía venir ni del río Cabra ni del Campo de Aras en Lucena, dado lo limitado de su capacidad, sino que la solución habría de venir del aprovechamiento del río La Hoz y pantano de Iznájar, lo que permitiría asegurar un amplio suministro para Lucena, Cabra, Fernán Nuñez, La Rambla, Santaella, Espejo y Castro del Río y tal vez otros pueblo de la zona sur

Junto a la serie de planes de cooperación que podría llamarse ordinarios hubo algunos de carácter realmente extraordinario como fueron la construcción de los embalses de Sierra Boyera y Guadamatilla. Su logró suponía la solución definitiva del abastecimiento de aguas con capacidad para el desarrollo industrial de Peñarroya-Pueblonuevoy Belmez, y para Hinojosa, Belalcazar, Santa Eufemia, Dos Torres, el Viso Villaralto y Villanueva del Duque.

Los caminos

La zona Norte no había sido objeto de atención en cuanto a una red de carreteras, tan solo los tradicionales caminos vecinales. 1971 había sido un año catastrófico para los pueblos del norte de la provincia y al finalizar el año el diputado del distrito de Fuente Obejuna, Rafael Canalejo Cantero, presentó una moción en la que pedía a la Corporación que iniciase la realización de un estudio a fondo para resolver los graves problemas de aquellas carreteras que dificultaban aún más el desarrollo de la zona, ya que no solo se trata de distancia en kilómetros sino de distancia en tiempo, siendo ideal establecer comunicación lo más directa posible con una carretera de peaje desde Córdoba a Espiel-Badajoz y Espiel-Calatraveño-Villanueva de Córdoba.

Las obras provinciales

Bajo la Presidencia de Pascual Calderón se culminaría la construcción de los hospitales general y psiquiátrico. El nuevo Hospital Psiquiátrico de Córdoba plasmaba materialmente los nuevos conceptos asistenciales en materia de psiquiatría, rompiendo con viejos moldes.

La Universidad en Córdoba

Con carácter de urgente en la sesión plenaria de mayo de 1968, el Presidente Pascual Calderón informaba que por la comisión Permanente del Consejo Provincial del Movimiento se solicitaba la creación de una universidad en la capital cordobesa, la Diputación se adhiere a la solicitud y ofrece la ayuda que fuera necesaria para llevar a efecto la instalación de centros en la capital. Pascual Calderón esperaba contar con la primera universidad autónoma del Movimiento en Córdoba

La Diputación intentó durante varios años dotar a Córdoba de universidad propia, las gestiones fueron arduas y fracasaron en algún momento, como da a entender Pascual Calderón en su discurso de 1971, pero el Presidente Santolalla proclamará como un gran logro para Córdoba la creación del Colegio Universitario para cuya sede se adaptó el edificio del Cardenal Salazar, antiguo hospital que había quedado vacío al crearse el nuevo hospital general.

El 14 de octubre de 1971 se ponía en marcha el Colegio Universitario de Córdoba, impartiendo enseñanza para las carreras de Ciencias Biológicas, Filosofía y Letras y Derecho. Días después el 5 de noviembre de 1971 el Consejo de Ministros aprobaba el III Plan de Desarrollo en el que figuraba la creación de la Universidad de Córdoba.

Reforma de la Imprenta

Durante la presidencia de Pascual Calderón Ostos continuaron las obras de reforma del edificio del que había sido Casas Socorro Hospicio para adaptarlo a Palacio provincial sede de la Diputación, durante las obras se reubicaron los talleres de la imprenta en el sótano del edificio, ampliando y modernizando las instalación y dando preferencia en la contratación de empleados a los alumnos de los Colegios Provinciales. En 1971 tras la renovación y puesta al día del material técnico de la imprenta, se vuelve a imprimir la Revista Omeya en los talleres provinciales desde el número 17.

En septiembre de 1967, a la muerte del primer regente de la imprenta Antonio de Julián Navarro, se le encarga la parte administrativa de la imprenta a Mariano Amo, que estaba trabajando como Jefe del Negociado de Ingresos en Intervención, y al frente del taller a Antonio de Julián y Julián, linotipista preferente, que pasaría a jefe de taller en marzo de 1974.

En estos años se continuó la impresión de publicaciones periódicas oficiales como el BOP, el Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Córdoba, y la de otro tipo de publicaciones. Entre 1933 y 1963 se imprimió la Memoria Anual del Colegio de Cultura Española, la Revista ‘Maestro Ávila’, de los Padres jesuitas, una Guía de Córdoba (Anuario General); la Historia de Baena de Valverde Perales y las Obras completas de san Eulogio, edición bilingüe en latín y castellano por encargo de la Real Academia de Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba en 1959. El Servicio de Publicaciones de la Diputación editaba e imprimía en su imprenta el tomo I de las Obras de don José de La Torre y del Cerro.

1972 · 1979

La presidencia de Manuel Santolalla tiene dos etapas. La primera desde su nombramiento el 30 de septiembre de 1972, incorporándose a la Diputación constituida en 1971 y continuando en la formada en abril de 1974, hasta las elecciones municipales de 1976 en que fue reelegido. Continuó en la presidencia hasta las primeras elecciones municipales bajo el régimen de la Constitución de 1978, cesando el 26 de abril de 1979. La gestión provincial de 1976-1979 puede calificarse como de pretransición.

La transición a la democracia

Las corporaciones presididas por Manuel Santolalla protagonizaron los históricos momentos de fin del franquismo e inicio de la transición al régimen constitucional. El diputado Miguel Manzanares en el pleno de febrero de 1976 presenta una moción que dio lugar a la invitación de los presidentes de las corporaciones provinciales andaluzas a celebrar una reunión en Córdoba, al objeto de estudiar la posibilidad de actuar mancomundamente. El proceso regionalista despertó un amplio eco entre la población

Las elecciones provinciales restringidas de 1976 se llevaron sin incidentes y el presidente de la Diputación de Córdoba, Manuel Santolalla fue reelegido. Aquella corporación colaboró en todas las cuestiones que fueron surgiendo de sin obstaculizar ningún aspecto, cumpliendo con todo aquello que era necesario para que no se paralizase la administración provincial, pero sin contraer compromisos graves que pudieran comprometer la acción de la siguiente Corporación, que se preveía fuese ya totalmente nueva. Como novedad, es necesario resaltar el notable impulso que se concedió al desarrollo autonómico a través del Ente Regional Andaluz.

La fecha más emblemática del cambio de una época a otra vendría señalada por el año de la muerte del general Franco, en 1975. En esta fecha, como precisa J. Linz, la transición española a la democracia no se inicia, desde un régimen totalitario, sino que el franquismo en sus postrimerías se ajustaba a las descripciones del modelo de régimen autoritario, en el que se habían dado una serie de procesos que coadyuvarían el paso a un sistema democrático^x.

Las últimas diputaciones del franquismo, constituidas en 1974, antes de la muerte de Franco, fueron renovadas mediante elecciones restringidas en 1976. De julio 1976 a junio1977 tuvo lugar el proceso de reforma desde la legalidad franquista. En la legislatura constituyente de 1977-1979 se aborda el proceso gradual de cambio en las instituciones locales. Entre 1979 y 1982 se celebran las elecciones locales con instrumentos jurídico-políticos elaborados en la legislatura anterior. Entre noviembre de 1982 y diciembre de 1988 se procede a la normalización local. En abierto paralelismo podemos establecer la cronología de los años de la transición en la Diputación de Córdoba. El 1 de abril de 1976 se constituye en la Diputación de Córdoba una corporación que continuaría hasta el 26 de abril de 1979, fecha en la que se constituye la primera diputación de la democracia. En la Diputación de Córdoba el proceso transitivo se realiza bajo la presidencia de Manuel Santolalla de la Calle, inscrita en el marco cronológico que unos autores denominan tardofranquismo, agonía del régimen y otros como pretransición.

Al presidente Manuel Santolalla le tocó vivir el fin de las diputaciones de la era de Franco. En el interregno que sigue a la muerte de Franco, el presidente Santolalla responde a ese tiempo de España, que señala Aranguren, en el que es preciso percibir la fluidez social y cultural por debajo de la rigidez jurídica y política, para poder entender lo que estaba ocurriendo. Santolalla, en su último discurso, con motivo de la constitución de la Diputación en 1976, utilizará un estilo diferente al de años antes. Introdujo los términos democracia y pueblo, dentro de la discreción que pareció caracterizarle, no pasó de un discurso del franquismo a una exaltación de la democracia, sino que al utilizar el concepto de democracia, lo hizo consciente del abuso que podría significar, ni se aferró al pasado, ni se engancho al nuevo tren que pasaba, simplemente colaboró a una transición pacífica»… aquí procuramos tener un trabajo comunitario, unas decisiones, no las llamaré democráticas para no abusar del concepto, de acuerdo entre todos…” Con la promoción de Andalucía y del Ente Regional procedía al entierro de las precedentes instituciones

Los hombres que mantuvieron el poder en la Corporación provincial de Córdoba, en los cuatro difíciles años que van desde la muerte de Franco a la constitución de la primera Diputación de la democracia en 1979, supieron hacer mutis por el foro, sin estridencias. Los diputados provinciales continuaron en sus puestos en las difíciles horas y días que siguen a la muerte de Franco.

El mecenazgo cultural, educativo y artístico

En 1973 tuvo lugar en Córdoba la V Asamblea de Instituciones de Cultura de las Diputaciones de España. Para la Asamblea la Diputación de Córdoba organizó una brillante exposición de orfebrería cordobesa, cordobanes y guadamecíes, y libros antiguos.

El hospital general había sido inaugurado en 1969 y el 24 de julio de 1974 se firmó un convenio de colaboración entre la Universidad de Córdoba y la Diputación, por el cual el hospital general provincial adquiría la categoría de hospital clínico para poder impartir la docencia de la Facultad de Medicina, convirtiéndose en punta de lanza de la misma en 1977. La primera promoción terminó en el curso 1977-1978.

Continuando con la labor de mecenazgo artístico se concedieron pensiones para ampliar estudios de pintura. José María Córdoba, que obtuvo una beca de la Diputación para estudiar en Italia. El autor donaría a la corporación provincial dos de sus cuadros: La Creación y Estudio para hombre sentado. Y en 1977 Mercedes Jurado Fernández-Delgado fue becada por la Diputación para ampliar estudios de pintura. Con la firma de Mayme, donó dos obras a la Diputación: Paisaje y Vista de París

Beneficencia, Sanidad y Obras Sociales

La Diputación continuaba asumiendo sus tradicionales competencias en materia de beneficencia y asistencia social, y bajo el mandato de Santolalla se continuaría la tarea de Pascual Calderón, que culminaría el diseño provincial realizado por Antonio Cruz Conde con la inauguración y pleno funcionamientos de centros sanitarios y asistenciales

En 1974 se inauguraron los Colegios Provinciales “Príncipe Felipe”. Estos, en el curso 1978-79 albergaban a casi ochocientos alumnos desde recién nacidos hasta los 18 años, atendían a chicos y chicas con problemas familiares, sociales o económicos. La Residencia Infantil “El Carmen”, sustituía a la vieja casa cuna y recogía desde los recién nacidos hasta los 8 años en que pasaban a otros colegios. Para las edades comprendidas entre los 8 y los 18 años estaban el colegio “Fernando III” para niños y el “Isabel la Católica” para niñas. En esta edad se les integraban en las escuelas nacionales, atendidos siempre por profesores funcionarios encargados de tutoriar las tares intelectuales y académica. Las colonias veraniegas de Chipiona y Cerro Muriano serían los lugares de las vacaciones estivales. Elcolegio “Ponce de León” estaba dedicado a niños y niñas sordos, donde se les enseñaba desde aprender a escuchar hasta el aprendizaje de profesiones que les facilitara su integración social, como fue la de perforistas para centros de cálculo.

Cerca del hospital psiquiátrico, se instaló el denominado en su día Centro de Subnormales Profundos con un estilo arquitectónico funcional, tenía capacidad para 72 personas, contaba con sala de logoterapia, fisioterapia, comedor, cocina, dormitorios, etc. su objetivo fundamental era evitar el abandono de personas con un escaso coeficiente intelectual, sin límite de edad.

Los caminos provinciales y la cooperación a los municipios

En 1974 Santolalla haría un balance de cómo estaban los caminos de la provincia todavía. La red provincial de carreteras era de 7620 kilómetros, de los cuales pertenecían a la Diputación 2.600. Se realizó un nuevo catálogo de vías provinciales que incluía una red provincial básica y una red provincial complementaria, y eran conscientes de que no estaban en buenas condiciones. De los 2.828 kilómetros de carreteras de la Diputación, un 71% tenían un firme anticuado para la época moderna, y el 70% no tenían una anchura de más de 4 metros, inconveniente para el transporte que exigían los nuevos tiempos, además de las limitaciones de carga. Pero para poner las carreteras en orden y hacer los 1.500 kilómetros que eran necesarios se precisarían uno 3000 millones de pesetas. Sólo para acondicionar la red que tenían hacían falta 800 millones, y para mantenerla unos 200 millones anuales, cuando el presupuesto de la Diputación era de 490 millones. Consideraba que era necesario tener conciencia de lo que se tenía y hasta donde podían llegar. Se aprobaron presupuestos especiales para la construcción de caminos vecinales, para obras de cooperación con los municipios, para abastecimiento de agua a la zona sur de la provincia, plan de la comarca de Acción Especial en la Zona Norte.

La Diputación de Córdoba había acometido la construcción de una impresionante obra hidráulica, el embalse de Sierra Boyera, con una inversión de mil millones de pesetas y que abastecería de agua a 16 poblaciones. Emplazado en las inmediaciones de Belmez sobre el río Guadiato se había iniciado su construcción en 1969.

Cubiertas las necesidades mínimas de los pueblos de la provincia o en vías de resolverse, la Diputación acomete otras realidades como las deportivas. En años anteriores ya se habían apuntado estas realidades con la aparición del cerramiento de los campos de deportes en algunos municipios. En 1976 la Diputación firma un convenio con la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, con el cual se inicia la promoción de instalaciones deportivas en la provincia de Córdoba.

x Mª Carmen Martínez Hernández, “Fin del régimen franquista e inicio de la transición en la Diputación de Córdoba. 1972-1979”. En La Transición a la Democracia en España. y Fuentes Documentales: Actas de las VI Jornadas de Castilla La Mancha sobre Investigación en los Archivos: Guadalajara, 4-7 de noviembre de 2003.Guadalajara, 2004, 248 p. ISBN: 84-931658-8-3 +1 cd rom, (cuadernos de Castilla La Mancha: 8) 17 p.

El período que sigue a la primera Diputación ucedista, entre los años 1979 y 1983, son años de consolidación de la democracia en España como nunca antes se había producido. Como en otros ámbitos de representación, el PSOE se presenta como fuerza política protagonista de este período también en la Diputación de Córdoba.

Es el momento en el que el desarrollo del Estado de las Autonomías presenta un escenario de definición de competencias y de negociación de las mismas con la Junta de Andalucía, que van quedando definidas con el tiempo hasta conformar el marco competencial actual, donde la administración regional asume parte de las competencias que venían desarrollando las diputaciones y quedando éstas orientadas hacia la prestación de servicios técnicos de diverso orden en municipios, sobre todo en los de población menor de 20.000 habitantes, a través de la nueva legislación estatal sobre Régimen Local en 1985.

El período que sigue a la primera Diputación ucedista, entre los años 1979 y 1983, son años de consolidación de la democracia en España como nunca antes se había producido. Como en otros ámbitos de representación, el PSOE se presenta como fuerza política protagonista de este período también en la Diputación de Córdoba.

Es el momento en el que el desarrollo del Estado de las Autonomías presenta un escenario de definición de competencias y de negociación de las mismas con la Junta de Andalucía, que van quedando definidas con el tiempo hasta conformar el marco competencial actual, donde la administración regional asume parte de las competencias que venían desarrollando las diputaciones y quedando éstas orientadas hacia la prestación de servicios técnicos de diverso orden en municipios, sobre todo en los de población menor de 20.000 habitantes, a través de la nueva legislación estatal sobre Régimen Local en 1985.

La Diputación de Córdoba centra su actividad en este período en la dotación de infraestructuras básicas y la implantación de servicios de asistencia técnica municipal. A través de los Planes y Programas de Obras y Servicios se desarrollan obras destinadas a la mejora del ciclo hidráulico, donde el abastecimiento en términos de igualdad se plantea como condición esencial, pero también para la adecuación de la red viaria local y la construcción de instalaciones deportivas y culturales. La provincia de Córdoba fue una de las primeras en España en implantar una tarifa provincial del agua que, superando localismos, fue capaz de proporcionar acceso íntegro al servicio domiciliario a través de un único precio, independientemente de su localización geográfica.

Mirados en la distancia, puede parecer sorprendente que los grandes esfuerzos competenciales y económicos de la Diputación se centrasen a aquellas alturas del siglo XX en cuestiones tan básicas como la electrificación rural, con grandes inversiones en la mejora del alumbrado público, la pavimentación urbana, la creación de una red comarcal de parques de protección civil o la ampliación de la cobertura de la señal de televisión y radio en la provincia. La Diputación también acomete en esta época un ambicioso plan de ordenación de la recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, dotando a los municipios de equipamiento y material para su recogida, sellando vertederos incontrolados y creando una red de plantas de tratamiento integral que le lleva a la actualidad a estar tratando de forma clasificada más de 150 millones de kilos de residuos.

Hasta 1984, la Diputación no cuenta con un departamento específico de servicios sociales. A partir de entonces, se estructura un sistema de profesionales que transforma el concepto de beneficiencia que se arrastraba aún desde el siglo pasado hasta un modelo de atención e integración de ciudadanos y colectivos, pasando por la asistencia en casos específicos como el de la Tercera Edad. Este colectivos, a través del programa de ayuda a domicilio o la construcción de infraestructuras específicas para el uso de este sector de la población o la concertación con entidades que ya venían prestando ese servicio de forma privada.