En las fechas de proclamación de la República, las diputaciones no eran consideradas centros de interés político y su continuidad va a ser cuestionada al debatirse el texto constitucional de 1931, que finalmente sanciona la provincia como poder intermedio ente el municipio y la región. Pero ante el temor al caciquismo, la democracia instaurada no se aplicó en la designación de las diputaciones y el potencial protagonismo de la provincia quedó en papel mojado(i).
A la caída de Primo de Rivera, los gobiernos de Berenguer y Aznar conllevaron una reactivación de la vida política y sindical, que implicó la reorganización de partidos políticos y sindicatos y, en general, un mayor clima de libertades. En este contexto general, en la provincia de Córdoba asistimos a la actividad de grupos políticos republicanos y a un movimiento obrero representado políticamente en el Partido Socialista y en menor medida el Partido Comunista. La II República transcurrió en la Diputación de Córdoba con numerosos cambios, tanto en la presidencia como en los diputados. Los reajustes de escaños provinciales estuvieron marcados por duros enfrentamientos entre los partidos que convirtieron a la Diputación en caja de resonancia de las luchas partidistas.
Las elecciones generales tuvieron lugar el 14 de abril de 1931, al día siguiente se constituía una Comisión Directora en la Diputación o Comisión Gestora, el 21 de abril se constituía por R. Decreto del Gobierno Provisional de la República y el 3 de mayo de 1931 se instauraba una Comisión Gestora. La República transcurrió, en la Diputación de Córdoba, con numerosos cambios, tanto en la presidencia como en los diputados. Los reajustes de escaños provinciales estuvieron marcados por duros enfrentamientos entre los partidos, que convirtieron a la Diputación en caja de resonancia de las luchas partidistas. La conflictividad afectaría al gobernador civil que, finalmente, salió de Córdoba. Las fuerzas políticas que tuvieron representación en la Diputación provincial, durante la República fueron: 1931-1933: Republicanos, Socialistas, Progresistas, Radicales, Radical-socialista. 1934-1936: Socialista, Republicanos, Progresistas, Acción Popular Agraria. 1936: Izquierda Republicana y Socialistas.
En este segmento histórico, tan convulsionado y de tantos sucesos, la Diputación de Córdoba aparece igualmente crispada y sus cambios creemos que obedecen a los cambios nacionales, con mayor o menor rapidez. El hecho de que las diputaciones no gozasen de la consideración de centros políticos, no impidió el enfrentamiento entre las diversas fuerzas políticas que representaban los diputados. En los debates de las comisiones cordobesas durante la República aparece una cuestión con bastante frecuencia: la exposición de que a la Diputación no se va hacer política, sino administración, que los intereses de partido y la política debían dejarse en la puerta. Declaraciones de intenciones que nunca parece que se llevaron a cabo puesto que, cuando surgieron conflictos, fue la primera acusación que le lanzaron a la cara los diputados de partidos distintos.
Si las directrices gubernamentales fueron en la línea de evitar la politización de estos organismos provinciales, al menos en las épocas de pluralismo político, de hecho las luchas partidistas también tuvieron eco en las diputaciones.
El 4 de enero de 1936, el gobernador civil de Córdoba destituía a los gestores que quedaban de la Comisión constituida en 1934, y nombraba a otros, que constituyeron la nueva Comisión Gestora el 6 de enero de 1936. En esta sesión los diputados de Izquierda Republicana manifestaron que acababan de recibir un telegrama en el que se les trasladaba un acuerdo del Consejo Nacional de su partido, prohibiendo posesionarse de las comisiones gestoras hasta que fuesen repuestos los gestores en los ayuntamientos y, en consecuencia, se ausentaron de la comisión.
Tras la victoria del Frente Popular, el 19 de febrero de 1936 el Gobierno de Portela Valladares transfiere sus poderes al nuevo Gobierno presidido por Manuel Azaña. Las Cortes no se reunirían hasta el 4 de abril, pero el 21 de marzo nombraba el Gobernador Civil de Córdoba, Rodríguez de León, otra Comisión Gestora que quedó constituida el mismo día. En esta Comisión, la última de la República, volvían a la Diputación el republicano José Guerra Lozano y el socialista Francisco Duque Iñiguez, que ya habían estado de gestores en mayo de 1931.
Las diferencias políticas habían impedido el desarrollo totalmente armónico en el que debía desenvolverse la Diputación y, una vez más, los diputados pretendieron encauzar y superar ese tipo, dejando las significaciones políticas en la puerta, y acometiendo una labor administrativa que era lo propio de la Corporación provincial. La Comisión Gestora se reunió el 17 de julio de 1936 despachando los asuntos normales. Al final del acta los espacios que el secretario asignaba para la posterior firma de cada uno de los nombres de los gestores, quedaron en blanco sin rubricar por los diputados, porque no pudieron hacerlo. El folio 177 vuelto del libro de Actas de la Comisión Gestora de 1936, solamente registra la firma del Secretario.
La sublevación de las tropas nacionalistas y el inmediato control de la ciudad de Córdoba produjeron el cese de la Comisión Gestora el mismo día 18 de julio. En la sesión de 21 de julio de 1936, el secretario Filiberto López procede a la copia literal del oficio remitido por el Comandante Militar, Ciriaco Cascajo, el día del golpe haciendo constar que: “No existiendo disposición legal alguna relacionada con esta sustitución de la Comisión Gestora, me limitaba a cumplir la orden terminante que se me daba en el oficio trascrito y los requerimientos del Señor presidente nombrado por la autoridad militar Don Eduardo Quero...”
La Diputación de Córdoba, desde el traspaso de competencias sobre los caminos provinciales en la dictadura primorriverista, intentará desarrollar fundamentalmente una labor de gestión en infraestructura viaria provincial que facilitase el acceso a todos los núcleos de población, para ello elaboró presupuestos extraordinarios a base de la subvención del Estado para el plan extraordinario de obras de caminos vecinales. Además continuó con la gestión de los establecimientos benéficos, desde el ingreso y salida de niños en los centros de Expósitos y Hospicio, a los enfermos de los hospitales de Agudos y Crónicos y los ingresos en el Psiquiátrico. Y con las competencias que tenía asignadas en materia cultural y educativa otorgando becas para formarse en las escuelas de magisterio, en la granja avícola, estudios musicales, estudios de bachillerato en institutos, etc.
Durante los años republicanos, la actitud de los diversos presidentes de la Diputación fue de demanda de colaboración con los empleados y manifestando la identificación con ellos. No obstante, a partir de los sucesos revolucionarios de 1934, se procedió a la sanción de algunos funcionarios, cuya rehabilitación se propondría en 1936. La depuración de funcionarios no afines, ideológica o políticamente, en la administración local se generalizó de tal modo que el Ministro de la Gobernación envió telegramas a los gobernadores civiles de todas las provincias españolas, recordando tanto a ayuntamientos como a diputaciones que no se podía expulsar a nadie sin previo expediente(ii).
i) Sobre la República en Córdoba véase: Mª Carmen Martínez Hernández, Política y Administración Provincial. La Diputación de Córdoba: 1925-1991… pp. 115-136. Y La II República y la Diputación de Córdoba, Córdoba 2010, 143 p.
ii) Mª C Martínez Hernández, Política y Administración Provincial. La Diputación de Córdoba: 1925-1991… I, p.131.